CENSURA INADMISIBLE
POR: JAIME BARRERA
Apenas celebrábamos que el 9 de julio pasado un Tribunal Colegiado de Circuito había echado para atrás el autoritario y represivo falló de una juez de Campeche en contra del colega periodista de aquel Estado, Jorge Luis González Valdez, por una denuncia que puso en su contra la gobernadora morenista, Layda Sansores, acusándolo por el “delito de odio”.
Entre las medidas cautelares que se habían impuesto al experimentado comunicador, que claramente fueron dictadas desde el palacio de Gobierno campechano, había una multa de dos millones de pesos, la suspensión de actividades de su periódico digital Tribuna y la prohibición de publicar cualquier contenido periodístico durante dos años.
Con toda razón, luego de todos los juzgados de Campeche estaban alineados con la gobernadora y uno de ellos había rechazado una impugnación, el Tribunal Colegiado consideró que esa resolución transgredía de forma desproporcionada los derechos humanos protegidos por los artículos 5,6 y 7 Constitucionales, que tienen que ver con la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia.
Suspendidas estas medidas cautelares el González Valdez retomó sus actividades en su medio digital Tribuna, pero la semana pasada, la gobernadora Sansores volvió a mover los hilos de un Poder Judicial a modo y bajo su control, como sucede en caso todas las entidades del País, incluido Jalisco, y consiguió que otro juzgado impusiera penas aún más dictatoriales y excesivas.
Acudió a una jueza de control de Campeche, ni siquiera titular sino interina, de nombre Ana Maribel de Atocha Huitz May, quien le prohibió al colega campechano publicar u opinar sobre la gobernadora, y el colmo, que un “censor” nombrado por el Poder Judicial, revisara cada publicación de él y del Diario Tribuna, para dar el visto bueno y corregir o suprimir lo que consideraran inadecuado.
La “intervención judicial de la plataforma digital” le prohíbe también a González Valdez publicar imágenes de Layda Sansores o que se refieran a ella. Y lo peor y más descabellado, que el periodista sea siempre acompañado por el “censor oficial” que se le designe, cuando participe en programas de otros medios.
Acallar voces de periodistas incómodos siempre ha sido una tentación de políticos autoritarios intolerantes a la crítica, que como le he comentado en varias ocasiones, sufrí en carne propia, y otros muchos colegas jaliscienses, en el pasado sexenio de Enrique Alfaro, por él y por su vocero Álvaro González, que la alcaldesa Verónica Delgadillo, recontrató pese a sus hábitos censores.
Esta suerte de ola de censura que se padece en varios estados de la república, con el agravante ahora de utilizar a poderes judiciales a modo de los gobernantes y de la clase política en el poder para silenciar voces críticas, hace todavía más grave algo inadmisible.
En Jorge vamos todos.