CAMPECHE, LABORATORIO DE LA DICTADURA | Por: Analista Sixto Duarte  | DIARIO MX

Recuerdo haber escuchado a un prominente político chihuahuense decir que Campeche era el “secreto mejor guardado” de México. Hacía esa referencia porque Campeche tenía niveles de seguridad distintos al resto de México, antes de que cayéramos en una espiral de violencia desde hace casi dos décadas. Lo decía también por su riqueza petrolera y especialmente por su riqueza cultural, basada en nuestro pasado maya.

Campeche es la cuna de diversas figuras políticas y jurídicas de nuestro país. Para empezar, fue la cuna del Amparo, institución jurídica que México ha exportado al mundo. Lo fue porque ahí nació Manuel Crescencio Rejón, el padre de esta figura jurídica.

En el mismo sentido, Campeche fue la entidad de origen de Jorge Carpizo MacGregor, exsecretario de Gobernación, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exprocurador General de la República, y expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También es entidad de origen de Trinidad Lanz Cárdenas, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De lo que acabo de referir, Campeche ha tenido una tradición de juristas muy relevantes para nuestro país.

Sin embargo, en oposición a esto, Campeche ahora se ha convertido en un laboratorio del autoritarismo, de la tiranía, y de la opresión. Esto es así porque lo que pasa en esa entidad del sureste ya raya en lo demencial.

En 2021, la elección a gobernador del Estado de Campeche fue una elección dividida en tercios. Los tres candidatos postulados quedaron muy cerca uno del otro. Los márgenes de diferencia fueron mínimos en ese proceso electivo.

De ese proceso, surgió Layda Sansores, actual gobernadora de esa entidad. En el mejor escenario, Layda obtuvo un tercio de los votos emitidos en esa elección. Es decir, dos terceras partes no la eligieron como gobernadora de esa entidad.

Desde que llegó al poder, Layda Sansores ha cometido una serie excesos, abusos y arbitrariedades en contra de distintos personajes políticos. Primeramente, le echó la caballería encima a Alejandro Moreno Cárdenas, actual Presidente del PRI Nacional y exgobernador de ese Estado.

Las razones que dieron origen a esos ataques fueron el crecimiento en la popularidad de Alejandro Moreno, en virtud de haberse opuesto a la reforma eléctrica que el oficialismo pretendía aprobar en abril de 2022. Desde entonces, Moreno ha sido la única voz de la oposición. No tiene miedo de la cacería porque ya la ha enfrentado desde hace más de seis años.

Por ello, Sansores inició una andanada de ataques en contra de Moreno, mismos que han ido desde críticas e insultos en un programa de televisión (que parece una copia barata de “Laura en América”) denominado “Martes del Jaguar”, hasta cateos, expropiaciones y extinciones de dominio en propiedades de Moreno y de su familia.

El tiempo y la justicia le han dado la razón a Moreno, quien a partir de estos ataques se ha convertido en la verdadera figura opositora en México, precisamente por criticar y señalar a Morena y sus vínculos con el crimen organizado. En pocas palabras, el gobierno de Campeche no le ha podido acreditar nada a Moreno.

Todo el país ha sido testigo de las acciones de Sansores contra Moreno. Sin embargo, en un tema más local, Sansores ha emprendido también una cacería en contra de Eliseo Fernández Montufar, exalcalde de Campeche, y excandidato a la gubernatura de Campeche por Movimiento Ciudadano.

Por alguna otra fobia que carga Sansores, se encargó de que se le abrieran procesos penales a Fernández, mismos que trajeron como consecuencia la emisión de diecisiete órdenes de aprehensión. Nuevamente, la politización de la justicia. La idea de Sansores es descarrilar a Eliseo, en su aspiración de llegar al gobierno de Campeche.

Hasta aquí, parecería que su interés es únicamente golpear a quienes ella estima sus adversarios políticos. Pero como diría Raúl Velasco, “aún hay más”.

Hace poco más de seis meses, Jorge González Valdez, periodista del Estado de Campeche fue procesado penalmente por la Gobernadora Sansores por “incitar al odio”. Fue detenido, y posteriormente liberado. Sin embargo, lo absurdo de este asunto es que un juez a modo estableció como medida que Jorge González Valdez tenga un censor, es decir, alguien que le revise los textos antes de que sean publicados en su labor periodística. Esta medida se llama “censura previa” y está prohibida por prácticamente todos los instrumentos en materia de derechos humanos de los que México forma parte.

Posteriormente, la Gobernadora de Campeche tuvo una diferencia con José Alberto Abud, el Rector de la Universidad Autónoma de Campeche. La consecuencia fue que las autoridades de Campeche le sembraron droga y armas al Rector para poder sacarlo de su cargo. La defensa de Abud logró liberarlo, pero el proceso continúa.

Hasta aquí van un exgobernador de Campeche, un exalcalde de Campeche, un periodista, y un académico perseguidos por el régimen de Sansores. Sin embargo, la cosa no para ahí.

El objetivo más reciente de Sansores son los diputados del Congreso de Campeche que forman parte de su mismo partido. Sansores ha emprendido una persecución en contra del Presidente del Congreso del Estado de Campeche y otros nueve, de un grupo político distinto al suyo. Es decir, un poder persiguiendo al titular de otro poder.

Las razones son distintas, desde la instrumentación de un crédito hasta disputas políticas de la Gobernadora con el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien es la carta más fuerte de Morena para suceder a Sansores.

Derivado de reformas políticas recientes, los diputados de Campeche no tienen fuero. Por tanto, basta con que Sansores le truene los dedos al fiscal (y a los jueces locales que fungen como ujieres de Sansores) para que les sean emitidas órdenes de aprehensión contra quien el régimen disponga.

A partir de ello, los diputados del Congreso de Campeche aprobaron una reforma constitucional para reestablecer el fuero en esa entidad. El problema es que, si bien ya pasó en el Congreso, se requiere que siete municipios aprueben esa reforma, y parece que solamente seis decidieron aprobarla.

En pocas palabras, Campeche se ha convertido ya en una tiranía. El gobierno federal ha permitido que esto suceda porque va midiendo las reacciones de la gente ante los abusos y excesos.

Cuando en Baja California, Jaime Bonilla promovió su “Ley Bonilla”, que le ampliaba su periodo como Gobernador de esa entidad, el centro calló y esperó la reacción mediática. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien le puso un alto a ese absurdo.

Cuando Alejandro Armenta, Gobernador de Puebla, promovió una reforma para encarcelar a todos aquellos que compartieran memes de él, el centro también calló.

Cuando Layda Sansores persiguió a un periodista, encarceló a un rector, promovió una reforma draconiana a la ley de expropiación, y luego acosó a los diputados de su mismo partido, el centro también calló.

Como les comentaba, el gobierno federal solamente observa las reacciones sociales para medir hasta dónde pueden llegar con su agenda totalizadora. Si no hay reacción social, entonces siguen acaparando más espacios, arrogándose mayores facultades; si hay reacción social, simplemente dicen que es un tema local de Campeche (o de Puebla, o de Sinaloa, o de donde sea) y ya. Como los gatos, le echan tierra encima a sus ‘problemas’.

El caso de Campeche ya raya en la locura. Sansores representa lo peor de la política en la actualidad. Su gobierno se ha caracterizado por la frivolidad, la corrupción, el escándalo, pero especialmente por el abuso y el exceso del poder.

Está en manos de los campechanos decidir si quieren volver a la época de las viejas glorias, o vivir subyugados en el gobierno de Layda, el más corrupto de la historia del Estado.