CAM­PE­CHE, ENTRE LA CRU­ZADA DE LAYDA SAN­SO­RES CON­TRA POLI­CÍAS Y LA EXPAN­SIÓN DEL NARCO

POR: REVISTA PROCESO | MARZO 2025 | CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN 

Des­pués del fra­ca­sado tras­lado de reos fede­ra­les desde el penal esta­tal de Kobén, en marzo de 2024, y tras las mar­chas de poli­cías recla­mando mejo­res con­di­cio­nes de tra­bajo y trato digno, la gober­na­dora de Cam­pe­che ase­gura que esas pro­tes­tas tie­nen un motivo polí­tico en su con­tra, y acosa a los poli­cías denun­cián­do­los penal­mente de deli­tos con­tra la segu­ri­dad, motín y sabo­taje, ade­más siguen los des­pi­dos injus­ti­fi­ca­dos. En tanto, espe­cia­lis­tas en segu­ri­dad advier­ten del avance del narco en el sureste del país.

CAMPECHE, Camp.– Secue­las físicas y psi­co­ló­gi­cas por abu­sos sexua­les; des­pi­dos y per­se­cu­ción judi­cial por parte del gobierno de Layda San­so­res: con estas con­se­cuen­cias viven poli­cías esta­ta­les a casi un año del fallido ope­ra­tivo en el Cen­tro de Rein­ser­ción Social de Kobén, que des­veló el avance del Cár­tel Jalisco Nueva Gene­ra­ción (CJNG) en el con­trol cri­mi­nal del penal, como parte de su expan­sión por el sureste mexi­cano.

El mapa de Cár­te­les Regio­na­les, que fue publi­cado en el docu­mento de Estra­te­gia de Segu­ri­dad de los Pri­me­ros 100 Días por el gobierno fede­ral, evi­den­cia una dis­puta por la Penín­sula de Yuca­tán, puesto que señala al cár­tel de Sina­loa como el que tiene mayor pre­sen­cia en la región, pero tam­bién marca el avance del CJNG en Cam­pe­che,

Lo ocu­rrido en Kobén “era un asunto entre cár­te­les de la droga que querian demostrar su poder”, expuso Manuel, un exo­fi­cial cuya ver­da­dera iden­ti­dad es reser­vada por segu­ri­dad, como otros tes­ti­mo­nios de muje­res y hom­bres poli­cías que habla­ron con Pro­ceso sobre lo que pre­sen­cia­ron y lo que les tocó vivir en la cár­cel.

El 15 de marzo de 2024 los ele­men­tos de fuer­zas esta­ta­les, hom­bres y muje­res, fue­ron envia­dos a dicha incur­sión. Les ase­gu­ra­ron que sería para rea­li­zar un cateo, pero al lle­gar a la cár­cel des­cu­brie­ron que el ope­ra­tivo tenía como pro­pó­sito el tras­lado de ocho inter­nos o per­so­nas pri­va­das de su liber­tad (PPL) a un penal fede­ral, lo que desató el infierno en el Cereso de Kobén.

“Nos gri­ta­ron que mujer que se quede sería mujer que vio­la­rían. Ahora me pongo en el lugar de las muje­res que vio­lan, es un terror horri­ble ser tocada por una per­sona sin tu con­sen­ti­miento”, relata a Pro­ceso Laura, una de las muje­res poli­cía de las fuer­zas esta­ta­les.

Esa noche Laura ingreso con más de 500 mujeres y hom­bres poli­cías al Cereso de Kobén. De acuerdo con la narra­ción de los uni­for­ma­dos, toda la cor­po­ra­ción de Cam­pe­che fue lla­mada a este ser­vi­cio; es decir, deja­ron sin vigi­lan­cia a la ciu­da­da­nía.

Pero desde que pusie­ron el pri­mer pie en el lugar se die­ron cuenta de que los inter­nos ya se encon­tra­ban amo­ti­na­dos. Esta­ban fuera de sus cel­das, arma­dos con pie­dras, palos, armas hechizas y hasta bombas molotov.

Esa noche halla­ron todas las cel­das abier­tas; en algu­nas había col­cho­ne­tas ata­das a los barro­tes. Tam­bién cons­ta­ta­ron que no había un solo cus­to­dio en el reco­rrido en el que, como usual­mente se hace en estos ope­ra­ti­vos, debían guiar­los.

Los poli­cías dicen que hasta hoy igno­ran en dónde se encon­traba el per­so­nal del Cereso. Hay quie­nes afirman que se salie­ron por­que sabían lo que ocu­rri­ría.

Fuen­tes de segu­ri­dad con­sul­ta­das por Pro­ceso reiteraron que es un secreto a voces que den­tro del penal de Kobén hay venta de estu­pe­fa­cien­tes y pros­ti­tu­ción y que los nego­cios son ope­ra­dos por un grupo de inter­nos, vin­cu­la­dos a gru­pos cri­mi­na­les como Pura Gente Nueva y célu­las del Cártel de Sinaloa.

Lo suce­dido en el Cereso de Kobén y las pro­tes­tas de poli­cías des­pués de esto son sín­toma de la cri­sis de segu­ri­dad que atra­viesa Cam­pe­che bajo la ges­tión de la gober­na­dora Layda San­so­res, con­si­dera Javier Oliva Posada, doc­tor en Cien­cia Polí­tica y espe­cia­lista en Segu­ri­dad Nacio­nal.

“Hubo una mani­fes­ta­ción de poli­cías  que son infrecuentes en México; estos proble­mas al inte­rior de las ins­ti­tu­cio­nes poli­cia­cas desde luego que bene­fi­cian la actividad criminal”, dice en entrevista.

Los ele­men­tos de la cor­po­ra­ción de segu­ri­dad no sólo recla­ma­ron mejo­res con­di­cio­nes labo­ra­les, tam­bién denun­cia­ron los malos tratos de los que eran víctimas.

SEÑA­LA­MIEN­TOS EN CON­TRA:

Res­pon­sa­bi­li­za­ron del ope­ra­tivo y la repre­sión pos­te­rior en su con­tra a una larga lista de fun­cio­na­rios: la titu­lar de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciu­da­dana, Marcela Muñoz Martínez; el subsecretario de Protección y Seguridad Ciudadana Ale­jan­dro Yosa­fat Gar­cía Villal­pando; el direc­tor de la poli­cía esta­tal, Anto­nio Sara­dan Solís San­tiago (quien estuvo al frente del ope­ra­tivo); el direc­tor gene­ral de Asun­tos Inter­nos, Víc­tor Hugo Sán­chez Ortiz; el direc­tor de Tránsito y Vialidad, Rafael Miranda Ortiz, y el subsecretario de Parti­ci­pa­ción Ciu­da­dana y Aten­ción a Víc­ti­mas, Víc­tor de Jesús Contreras Ramírez.

Layda San­so­res úni­ca­mente separó a dos fun­cio­na­rios públi­cos de su cargo: a Anto­nio Solís y a la sub­se­cre­ta­ria del Sis­tema Peni­ten­cia­rio de Pre­ven­ción y Rein­ser­ción Social, Natasha Bidault.

La Comi­sión de Dere­chos Huma­nos del estado (Cod­he­cam) informó que de 2018 a 2024 reci­bió 154 que­jas por vio­la­cio­nes a los dere­chos en el inte­rior del Cereso de Kobén, mien­tras que sólo se inter­pu­sie­ron cua­tro rela­cio­na­das con el otro Cereso del estado, ubi­cado en Ciu­dad del Car­men.

Ambos alcan­za­ron una calificación de 6.13 en el último Diag­nós­tico Nacio­nal de Super­vi­sión Peni­ten­cia­ria que rea­lizó la Comi­sión Nacio­nal de los Dere­chos Huma­nos en el país.

Una exfun­cio­na­ria de Dere­chos Huma­nos de Cam­pe­che con­sul­tada por Pro­ceso explicó que antes se habían regis­trado hechos de ingo­ber­na­bi­li­dad en Kobén. “Entre 2010 y 2014 estaba claro que deja­ban salir a la gente del Kobén y del penal de Ciu­dad del Car­men. El per­so­nal reci­bía miles de pesos por estos favo­res, pero nadie hacía nada”, apuntó.

“PEN­SA­MOS QUE IRÍA­MOS POR CADÁ­VE­RES”

En el ope­ra­tivo fallido, puesto que no logra­ron efec­tuar el tras­lado, Laura fue víc­tima de abuso sexual. La toca­ron sin su con­sen­ti­miento. “Ima­giné las peo­res cosas. A todas nos

tocaron sin consentimiento. “Imaginé las peores cosas. A todas nos tocaron, empujaron, golpearon y jalonearon”, enfatizó. 

Álvaro otros de los ahora expolicias que se sumó al operativo mencionó que hasta que ya se encontraban en el Cereso, a las cinco de la mañana del 16 de marzo, elementos de la Guar­dia Nacio­nal, la Semar y el Ejér­cito les infor­ma­ron que estaba pro­gra­mado un ope­ra­tivo a las seis “para el tras­lado y extrac­ción de unas personas privadas de su libertad (PPL)”.

Los poli­cías fue­ron for­ma­dos en bri­ga­das. La de él fue la número 16, en la que agru­pa­ron a cho­fe­res de unidades policiacas.

Como muchos de sus com­pa­ñe­ros, ingresó esa noche sin equipo de segu­ri­dad. Logró salir como pudo y lesio­nado por los reos. Vol­vió a ingre­sar por­que en la radio se escu­cha­ban los gri­tos de auxi­lio de mujeres y hombres policías. Sintió que debía ayudarlos.

“La segunda vez que entra­mos al penal pen­sa­mos que reco­ge­ría­mos cuer­pos. Por ini­cia­tiva pro­pia nos for­ma­mos y con­ta­mos, algu­nos ya habían sido envia­dos para revi­sión médica, pero fal­ta­ban mujeres policías. Yo logré sacar a dos”, detalló.

En ese momento le con­sultó al sub­se­cre­ta­rio de Pro­tec­ción y Segu­ri­dad Ciu­da­dana, Ale­jan­dro Gar­cía Villal­pando, qué harían para res­ca­tar a quie­nes se habían que­dado atra­pa­dos; el fun­cio­na­rio le res­pon­dió que tenían que espe­rar. “Pero no había tiempo y nos arma­mos de valor y entramos”, relató.

Al ingresar al penal encontró a una de sus com­pa­ñe­ras poli­cías con el uni­forme roto y ori­nada del miedo. La mujer ya estaba aco­rra­lada por dos reos. Junto con otro agente logró asegurarla.

Describió la escena como dantesca. “Empezaron a gritar que las que se quedaron las iban a vio­lar, que las iba a lle­var la chin­gada. A unas muje­res poli­cías les baja­ron los pan­ta­lo­nes, algu­nas se ori­na­ron del miedo. Sali­mos y nos vol­vi­mos a con­tar”, relató.

Pro­ceso pudo cono­cer que esa noche entre los inter­nos que serían tras­la­da­dos estaba Samuel Cor­tés Gutié­rrez, quien fue hallado cul­pa­ble del homi­ci­dio del excon­tra­lor de la alcal­día de Cam­pe­che, Sergio Novelo.

Samuel se encon­traba en Kobén desde agosto de 2020. Tras su arresto, con­fesó que ase­sinó con un arma blanca al exfun­cio­na­rio, quien tra­bajó durante la admi­nis­tra­ción de la alcal­día de Eli­seo Fer­nán­dez. Señaló que fue con­tra­tado por Eli­gio Carrasco, un excandidato de Movimiento Ciudadanos a la gubernatura de Yucatán

Junto con él siete inter­nos serían tras­la­da­dos, pero de éstos no exis­ten regis­tros de quié­nes y por qué moti­vos. Los tes­ti­mo­nios de los uni­for­ma­dos coin­ci­die­ron en que todos for­man parte de gru­pos del cri­men orga­ni­zado, pero des­co­no­cen de qué cárteles.

PRO­TESTA POLI­CIAL:

El motín, que dejó a un con­tin­gente de agen­tes lesio­na­dos, gol­pea­dos y a muje­res víc­ti­mas de abuso sexual, fue el deto­nante de una protesta y paro de labores

La mani­fes­ta­ción se ini­ció el 16 de marzo del año pasado, cuando toma­ron las ins­ta­la­cio­nes de la Secre­ta­ría de Pro­tec­ción y Segu­ri­dad Ciu­da­dana (SPSC), aun­que la cor­po­ra­ción con­ti­nuó patru­llando y vigi­lando las calles del Estado.

Esta vez, a dife­ren­cia de lo ocu­rrido en otras pro­tes­tas, los agen­tes tuvie­ron el apoyo de la ciu­da­da­nía. En al menos tres oca­sio­nes salie­ron a las calles a mar­char para exi­gir la des­ti­tu­ción de la titu­lar de segu­ri­dad, Marcela Muñoz. En abril organizaron una mega­mar­cha en la que más de 10 mil personas los acompañaron para respaldarlos.

Para ese enton­ces un poli­cía en pro­me­dio per­ci­bía cinco mil 800 pesos quin­ce­na­les más un bono de 750 pesos. Está el caso de Álvaro, quien trabajo como oficial 18 años y fue des­pe­dido. A él se le suman al menos 280 ele­men­tos que con­for­man el movi­miento de poli­cías que siguen pro­tes­tando para reci­bir liqui­da­cio­nes jus­tas.

A la par, hay 75 ele­men­tos que con­ti­núan en fun­cio­nes, gra­cias a que tra­mi­taron amparos para protegerse. Los procesos ­ju­di­cia­les siguen abier­tos y aún no hay sen­ten­cias en nin­guno de los casos en que son impu­ta­dos.

Aun así, nada les garan­tiza que segui­rán o que podrán vol­ver a la poli­cía. Ape­nas el 14 de febrero último, seis de los agen­tes que tra­ba­ja­ban pro­te­gi­dos por un amparo fue­ron cesa­dos sin expli­ca­ción alguna.

De los que salie­ron, un grupo de 85 se inte­gra­ron a Pro­tec­ción Civil del muni­ci­pio de Cam­pe­che, que pre­side Biby Rabelo, de Movimiento Ciudadanos. Por esto, la gobernadora Layda San­so­res ha dicho que la corporación “le hizo el trabajo sucio a MC” y sostiene que la pro­testa de los poli­cías tuvo un motivo polí­tico, como lo ase­guró en una trans­mi­sión en vivo en julio de 2024.

La gober­na­dora Layda San­so­res tam­bién los dejó sin com­bus­ti­ble para ope­rar las patru­llas e incluso denun­ció penal­mente a “aque­llos que resul­ten res­pon­sa­bles”, acu­sán­do­los de deli­tos con­tra segu­ri­dad, robo de infor­ma­ción y acceso ile­gal a las ins­ta­la­cio­nes de la SCSP.

El coman­dante José Gra­ja­les, quien fue uno de los voce­ros de la cor­po­ra­ción durante los días de pro­testa, tiene una orden de arresto en su con­tra por los deli­tos de motín y sabo­taje. Él dio la cara por sus com­pa­ñe­ros.

El coman­dante no puede dar entrevistas y solo dijo a Proceso que el impacto emo­cio­nal y psi­co­ló­gico es lo que más tras­tocó su vida. Hoy no una ven­ganza polí­tica para ense­ñar a los demás poli­cías las con­se­cuen­cias de pro­tes­tar. Teme por su vida si lo lle­gan a aprehen­der y enviarlo al penal de Kobén. Su defensa tra­mitó un amparo para pro­te­gerlo.

“Fir­mes y dig­nos hasta el final”, declaro Abraham Martínez, otro expolicia que estaba asignado a Ciudad del Carmen, Campeche.

“Ya se los cargo la verga pinches polis putos” son las pala­bras que resue­nan en su cabeza, mis­mas que escu­chó el día del motín. A eso se le suma el ros­tro de los inter­nos esa noche, por ejem­plo, uno de los momen­tos que no olvida es cuando vio a una de sus com­pa­ñe­ras poli­cías en shock, al ser atacada por uno de los internos.

El paro de los poli­cías duró 104 días y fina­lizó el 27 de junio de 2024. En un comunicado explicó que, tras la sus­pen­sión de los sala­rios, se vie­ron obli­ga­dos a dejar de pro­tes­tar. La gran mayo­ría de los ele­men­tos regresó a sus pues­tos de tra­bajo y los demás siguie­ron en el movi­miento.

“La jalamos entre dos compañeros con un escudo que traía­mos, y aun así nos la qui­sie­ron qui­tar; corrían detrás de nosotros y la jalaban de los pies”

Los agen­tes entre­vis­ta­dos coin­ci­den en que todo el tiempo en que se desató el ata­que den­tro del Cereso sonaba una cam­pana. Des­co­no­cen de dónde pro­ve­nía, pero

Fre­nar la pro­testa y aban­do­nar la sede de la SCSP no fue sufi­ciente para dete­ner la per­se­cu­ción del gobierno more­nista de Layda San­so­res.

Aun­que para­ron de mani­fes­tarse, el gobierno esta­tal, mediante un video en redes socia­les que diri­gió a la ciu­da­da­nía, los acusó de pro­tes­tar con fines polí­ti­cos para per­ju­di­car la admi­nis­tra­ción de la more­nista Layda San­so­res.

Fue enton­ces cuando el gobierno de San­so­res anun­ció que los poli­cías que pro­tes­ta­ban serían inves­ti­ga­dos por robo calificado y sim­ple, de dañar las patru­llas y moto­ci­cle­tas, así como de entre­gar infor­ma­ción sen­si­ble a opo­si­to­res polí­ti­cos y de come­ter actos van­dá­li­cos escu­da­dos con una manifestación. Y lo cumplió.

Menos de un mes después del motín en el Cereso de Kobén, el 12 de abril, apa­re­ció una nar­co­manta en la que el CJNG ame­nazó a la secre­ta­ria de Segu­ri­dad Pública de Campeche, Marcela Muñoz. La acusaron de pre­sun­ta­mente incum­plir acuer­dos con este grupo del crimen organizado.

Para este repor­taje Pro­ceso buscó entre­vis­tar a la titu­lar de Segu­ri­dad Pública, incluso en sus oficinas de la cor­po­ra­ción, pero hasta el cie­rre de esta edi­ción no hubo res­puesta.