EXPEDIENTE | JUICIO DE INTERDICCIÓN, MÁS URGENTE QUE NUNCA

Se comenta en círculos políticos de la posibilidad de que se recurra a una “enfermedad” para justificar que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, concluya anticipadamente su periodo gubernamental y deje de dañar a Morena.
También se dice que hay resistencia por parte de Layda Elena, que amenaza con soltar su larga lengua y hundir a quien tenga que hundir, sea con declaraciones a sus medios de información favoritos, o, como se ha puesto de moda, con la redacción de un libro para exhibir y vengarse de quienes le hicieron la vida de cuadritos.

Lo que es innegable es que en Palacio Nacional ya están estudiando la manera cómo hacer a un lado a este “estorbo”, a este “obstáculo” o a este “lastre” que pone en riesgo la continuación de la 4T.

Se analiza también la posibilidad de iniciarle un juicio de interdicción, para demostrar que tiene evidente incapacidad legal (y mental) para tomar decisiones (gestión de bienes, salud, etc.) y por tanto que se le declare no apta para gobernar al Estado de Campeche.

No hay antecedentes de que se haya recurrido a esa vía jurídica para destituir a una autoridad en el poder, pero en México estamos haciendo historia, y bien haría el Gobierno de la señora Sheinbaum en aplicar esta estrategia para fundar, con verdaderas razones, el cese de la mandataria campechana.

Porque a lo largo de estos cuatro años en que ha gobernado la entidad, Layda Elena ha demostrado una y otra vez que no está al 100 por ciento de sus facultades mentales.

Apenas el martes pasado, cuando la entrevistaron al término de un evento en el Instituto Campechano, Sansores San Román dio muestras de frecuentes desvaríos. Trastabillaba una y otra vez en las respuestas que daba a los reporteros, se notaba ausente, distraída o alejada de la realidad.

Por ejemplo, se hizo bolas cuando empezó a hablar de la contratación de la deuda. Y los reporteros ya no tuvieron claro de si al Estado le despojaron de mil 800 millones, de tres mil o de cuatro mil millones de pesos. Sansores se notaba totalmente extraviada en este tema.

También se perdió cuando declaró que se difundió en medios de información la versión de que su Gobierno pretendía detener a los 35 diputados (ella dijo 34 olvidando la cifra real), pero en ningún medio, periódico, revista o plataforma informativa se publicó tal cosa.

Todos sabían que el objetivo de la presencia de los agentes ministeriales en los alrededores del Congreso (a ella le confirmaron que eran siete a bordo de dos unidades, por lo que sí habían planeado un operativo, que luego abortaron), fue para detener a Antonio Jiménez. A nadie más.

Hay varios testimonios que narran que esta desubicación mental de la gobernadora es cotidiana. Aún más, su propio compadre, el tabasqueño Juan Herrera, llegó a parlotear en una de sus borracheras, que a su comadre “ya se le va el avión”, y que hay que estarle recordando todos los días lo que hizo el día anterior, ya que no recuerda nada.

Lo único que no saca de su mente, es su obsesión de venganza. Sueña con Alito Moreno dos días a la semana, otros dos se los dedica a Eliseo Fernández, y después repasa la lista de sus adversarios a los que le gustaría ver en la cárcel, incluyendo a Jorge González Valdez, a Carlos Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga y a Javier Alatorre.

Una prueba de que tiene severos problemas mentales es su desconexión de la realidad. Ella se imagina fantasías en cuanto a seguridad, desarrollo económico, empleos, salud, educación, etcétera, pero la realidad es que cada día estamos peor.

Su recurrencia a la mentira es otro síntoma de que no está bien. Mentir diciendo que fueron los de Movimiento Ciudadano, o que fue Eliseo o que fue Alito, quien “inventó” que hay conflictos en el grupo parlamentario de Morena, demuestra que Layda Elena vive en otra dimensión.

Hay pues, suficientes razones para iniciarle un juicio de interdicción y demostrar que no tiene capacidad mental para mantenerse como gobernadora.

Hoy, más que nunca, tenemos un Congreso autónomo, que no está al servicio de la gobernadora, y que se siente amenazado, por lo que debería defenderse declarando la desaparición de poderes, y destituyendo a Sansores San Román por incapacidad mental para seguir al frente del Estado.

Estamos seguros que hasta los diputados “leales” a la gobernadora estarían de acuerdo en declararla en esas condiciones mentales para que deje de dañar Campeche. Varios de ellos ya sufrieron sus explosiones de ira, y lo peor, casi todos saben quiénes se están beneficiando con estos problemas que aquejan la salud de la mandataria, quiénes se han llenado las maletas aprovechándose de esas frecuentes lagunas mentales.

Ya es hora de castigarlos también a ellos. 

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