INSTITUCIONES ANULADAS
Sin los contrapesos indispensables para que funcione una sociedad democrática, los poderes Judicial y Legislativo, la Codhecam y la Cotaipec, entre otras instituciones han dejado de servirle a la ciudadanía…
Si hay algo que no dijo en su informe, ni se dirá jamás en algún evento público, es que este Gobierno de Layda Sansores San Román, y en general los gobiernos de la llamada 4T destruido, anulado o prostituido a las instituciones que se crearon para ponerlas al servicio del ciudadano.
El caso del Poder Judicial es, por ahora, el más evidente, porque están utilizando a jueces y magistrados para consumar una venganza personal de la gobernadora Layda Sansores en contra del principal medio crítico que enfrenta su Gobierno –TRIBUNA—y contra el periodista Jorge Luis González Valdez, a quien la extraviada mandataria atribuye la autoría de todo lo que se publica en esta página.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche es otra de las instituciones que ha sido caricaturizada. Su presidenta, Ligia Rodríguez Mejía pasará a la historia como la peor, y por haber puesto al servicio de Gobierno, a un organismo que nació para proteger a los ciudadanos.
El caso acontecido con las y los policías campechanos muestra con toda su crudeza la baja calidad moral de la Codhecam, de su presidenta y de sus visitadores. No se atrevieron a emitir la recomendación en contra de la gobernadora Layda Sansores y de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez.
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado no se ha quedado atrás. Desde hace cuatro años se convirtió en el escudo protector del Gobierno del Estado ante las solicitudes de información pública de la ciudadanía. No las atendía, o las declaraba reservadas. Después se convirtió en un ariete para atacar a los gobiernos municipales no morenistas, saturándolos de solicitudes de información y acusándolos de opacidad, algo que en lo que ellos mismos se han especializado.
El Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado también fueron anulados por el control total a que los tiene sometidos el grupo mayoritario de Morena. La presidencia de la mesa directiva no ha sido alternada con las otras fracciones parlamentarias como muestra de la cerrazón que impera, y los auditores solo se focalizan en los gobiernos de oposición o en los funcionarios que no cuentan con el manto protector de la gobernadora.
En menos de cuatro años, el Gobierno de la señora Sansores acató a plenitud ese belicoso llamado de López Obrador de “mandar al diablo a las instituciones”, y si bien es cierto que en todos los casos, esos organismos siguen operando, su función se limita a estar al servicio de la gobernadora Sansores y de sus intereses políticos. Ya no le sirven al ciudadano, ya solo son una carga burocrática-presupuestal más, que nada bueno le reditúa a la ciudadanía.
