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CENSURA JUDICIAL EN CAMPECHE: ABOGADOS ALERTAN QUE CASO DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ ABRE LA PUERTA A UN “PUEBLO DEL SILENCIO”

Durante la segunda sesión de Derechos Humanos de la Red Interamericana de Abogados Litigantes A.C., centrada en el análisis teórico del texto “Derecho y Razón”, el Dr. René Narváez Lozada abordó los principios de legalidad, igualdad y libertad de expresión en los medios de comunicación masiva, tomando como referencia el caso del periodista Jorge Luis González Valdez, censurado judicialmente por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En su intervención, González expuso que su caso no sólo vulnera su derecho a la libertad de expresión, sino que también afecta derechos fundamentales como el trabajo, la familia y la dignidad humana. “Hoy vemos cómo esa barrera infranqueable entre el Estado y el individuo se resquebraja con reformas y criterios judiciales que limitan la crítica al poder. No se puede callar a una sociedad ni cerrar medios de comunicación por opiniones incómodas”, afirmó. Recordó que su caso trascendió a nivel nacional e internacional y alertó que hay más de 300 periodistas y ciudadanos silenciados en entidades gobernadas por Morena, incluyendo los 32 casos documentados en Campeche.

El periodista destacó que la censura previa impuesta mediante medidas judiciales viola los artículos 1º, 6º, 7º, 27, 28 y 133 constitucionales, además del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señaló que las restricciones judiciales incluyen la suspensión de su labor periodística, el cierre de su programa “Expediente” y la imposición de un interventor judicial que supervise sus contenidos antes de su publicación, lo que calificó como “un retroceso a las libertades propio de un Estado fallido”.

El Dr. Narváez subrayó que esta situación refleja cómo el Estado vulnera garantías fundamentales bajo el pretexto de aplicar el derecho, generando un control social que recuerda al panóptico descrito por Foucault. “La Constitución de 1917 y la Declaración Universal de 1948 fueron concebidas para impedir estos abusos de poder. No podemos permitir que la censura judicial se convierta en norma”, advirtió.

Finalmente, González llamó a los abogados a defender la libertad de expresión como pilar de la democracia, advirtiendo que su caso evidencia una estrategia judicial para silenciar voces críticas. “Si aceptamos supervisores que revisen lo que vamos a publicar, pasaremos de una ley mordaza al pueblo del silencio”, concluyó.

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