EXPEDIENTE | PERSIGUE A SANSORES EL REPUDIO POR LA CENSURA
El Gobierno de Layda Elena Sansores San Román en Campeche quedará marcado para siempre por el sello de la censura, la represión, el ataque directo contra la libertad de expresión y la arbitrariedad en el uso a su favor de las instituciones, como el Poder Judicial y las fiscalías General del Estado y Anticorrupción, para satisfacer sus obsesiones de venganza.
Ese repudio generalizado la persigue por donde sea que vaya. El pasado domingo, por ejemplo, durante el Consejo General de Morena en la Ciudad de México, los periodistas capitalinos se arremolinaron para pedirle declaraciones sobre las aberrantes medidas cautelares que impuso la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May al periodista Jorge Luis González Valdez y a TRIBUNA, pero la mandataria se encerró en su silencio y huyó.
Tal vez ya entendió que el repudio en su contra se ha replicado en todo México, y que son muy endebles sus pretextos para justificar esa aberrante decisión judicial. Hasta a sus matraqueros y aplaudidores a sueldo se avergüenzan por defenderla.
El repudio a su persecución, hostigamiento, acoso judicial y represión contra periodistas y medios de información críticos, trascendió fronteras y tuvo esta semana condenas internacionales por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de mil 300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
En su pronunciamiento, la SIP expresó profunda alarma ante el resurgimiento de mecanismos de censura contra medios de comunicación independientes en distintos estados de México, materializados en aberrantes decisiones judiciales, regresivas iniciativas legislativas y abusivas presiones administrativas que vulneran la libertad de expresión.
Se hizo referencia específica del caso Campeche, donde un tribunal local impuso una orden judicial sin precedentes al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores. La medida obliga al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana. Esto sucede pese a que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior.
“Estos casos son síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador. “Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora general editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), expresó: “Estos hechos sientan precedentes graves. Si un medio local es obligado a someter su trabajo al visto bueno de un interventor judicial, o si se penaliza a un ciudadano por opinar en redes sociales, se está institucionalizando el silencio. Y si desde un órgano electoral se exige a periodistas revelar fuentes o enfrentar multas millonarias, estamos ante una forma sofisticada de coerción que no puede tolerarse”.
Según el Índice Chapultepec de la SIP, México se encuentra entre los países con mayores restricciones estructurales a la libertad de prensa en el hemisferio occidental, con un entorno marcado por impunidad, violencia y ahora también por instrumentalización del aparato judicial y legislativo para censurar.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) patentizó su alarma por la censura impuesta a Jorge Luis González Valdez y a TRIBUNA, e hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores a cesar de inmediato cualquier acoso judicial contra el periodista y el referido medio por la cobertura sobre su Administración.
Hay otras publicaciones, numerosas referencias y condenas, tanto en medios nacionales como extranjeros, en contra de la represión a la libre expresión que se registra en Campeche. Cientos de voces se han unido para exigir a la mandataria Sansores que desista de sus pretensiones y acate los mandatos constitucionales que garantizan el respeto a estas libertades. En redes miles de usuarios repudiaron la censura oficial.
No hay excusa que justifique continuar con esa nefasta actitud. Bien dicen que la terquedad, mezclada con la soberbia, son verdaderamente temerarias.
