REPORTAJE: LA CORRUPCIÓN ELECTORAL DE #AMLO; LA CAMPAÑA DE #LAYDA Y LA EMBAJADA A “AYSA”
Parte del reportaje: La corrupción en el sexenio de AMLO: Mismos modos, nuevos rostros | MCCI | Aristegui Noticias
Hace seis años, MCCI e Integralia Consultores advirtieron que el financiamiento y el gasto ilegal en campañas políticas eran los mayores problemas de la democracia electoral en México. De acuerdo con el estudio, las campañas gastan hasta 25 pesos por cada peso reportado a las autoridades electorales. Este financiamiento ilegal afecta la equidad en la contienda, encarece las campañas y fomenta el desvío de recursos públicos. Hoy las preocupaciones sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones siguen siendo las mismas.
A pesar de la complejidad de documentar el financiamiento ilegal de campañas, existen notables esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por detectar irregularidades en el gasto de los partidos, como en los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate en el 2000, Monex en 2012 y los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco en 2015. Además, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también han documentado mecanismos ilegales de financiamiento. En 2018, MCCI reveló la Operación Sáfiro (con ese), un esquema de desvío de 650 millones de pesos que involucró al gobierno federal y a autoridades de siete estados para financiar campañas del PRI en las elecciones locales de 2016. Este esquema fue confirmado posteriormente en la investigación del “caso viuda negra”.
Los casos consignados en esta categoría muestran las diversas formas en que se financian ilegalmente las campañas a pesar del complejo marco legal vigente. Esto es especialmente preocupante ante la próxima elección de ministros, jueces y magistrados.
Están documentadas otras tres irregularidades de Morena en procesos electorales. La primera viene de 2023, cuando Televisa mostró videos de colaboradores de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del gobierno de Campeche antes de la elección estatal de 2021. Los funcionarios alegaron que el dinero era para “gestiones en favor del pueblo”. No obstante, el entonces gobernador interino Carlos Aysa González fue nombrado embajador en República Dominicana y su hijo, diputado federal del PRI, se unió a Morena.
La segunda ocurrió en San Luis Potosí, dónde Mónica Rangel, excandidata de Morena a la gubernatura se declaró culpable en 2022 de cometer fraude por 22 millones de pesos y uso abusivo de funciones públicas. Recuperó su libertad tras devolver el dinero. La tercera involucra a Que Siga la Democracia, una agrupación política cercana a Morena, que utilizó firmas de casi 15 mil muertos para la consulta de revocación de mandato de 2022. El INE le impuso una sanción de medio millón de pesos; no obstante, en 2023 consiguió el registro como agrupación política nacional y acompañó a Morena en las elecciones federales de 2024.
De acuerdo con El Universal, Morena es el partido más opaco, pues fue el que más inconformidades ante el INAI recibió entre 2016 y 2024. Es el partido más sancionado por no atender las solicitudes de información y no ha cumplido con todas sus obligaciones de transparencia.
En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. fue acusado de recibir aportaciones irregulares de empresas para su campaña presidencial de 2018. Detenido en 2022, pudo seguir su proceso en libertad meses después. No obstante, en mayo de 2024, la contraloría del estado declaró que omitió reportar 57 propiedades a nombre suyo, de su entonces esposa y uno de sus hijos en sus declaraciones patrimoniales.
Durante los últimos seis años, surgieron casos ampliamente documentados que muestran como algunas irregularidades y desvíos de recursos públicos llevaron a mecanismos de financiamiento ilegal de campañas políticas. No hay ningún partido político que se haya salvado de estas acusaciones. Las preocupaciones principales sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones durante la transición democrática siguen siendo las mismas. Acaso ahora se suman preocupaciones adicionales ante la incertidumbre de que exista suficiente información pública en el futuro para seguir documentando las investigaciones periodísticas.
