Expediente: 06 de agosto de 2023
CONDENADOS AL ATRASO Y LA RUINA
De seguir el Gobierno de Layda Sansores San Román en la misma ruta, Campeche quedará condenado al rezago, la pobreza, la degradación, la inseguridad, la injusticia, el abuso, el tráfico de influencias, la mentira, el atraco, la traición y el enriquecimiento de unos cuantos cercanos al poder.
Las estadísticas, las encuestas, los comparativos, el análisis, la observación y la reflexión no dejan espacios a las dudas. Van dos años perdidos, carentes de transparencia, sin ejecución de obras de desarrollo y con la justificación de trabajos pagados por los gobiernos municipales y de la Federación. No hay atención a los reclamos y menos vergüenza. Está claro.
La sorna, el ridículo y la burla son comunes. No hay asomo de vergüenza, como tampoco discreción en la transa, el cretinismo y la abyección. Lo peor es que toman carta de ciudadanía, y los que se atreven a denunciar excesos, deficiencias, errores, abusos e irregularidades son perseguidos por instancias que debieran preocuparse por la aplicación de la ley.
A falta de resultados la gobernadora Layda Elena Sansores San Román imita a su mentor Andrés Manuel López Obrador, para desviar la atención. ¿Qué les importa a los campechanos su vida privada, sus relaciones amorosas, sus deseos juveniles que debieran estar superados por la etapa que vive?
¿En qué salen beneficiados los campechanos en que se case con su amante, como lo define, el chiapaneco Romeo Ruiz Armenta, tras 40 años de relaciones? ¿Esa circunstancia mejorará el nivel de vida de la gente de las colonias?¿Redundará en apoyo a los sectores productivos, sociales y educativos?
¿Contribuirá al ascenso en la captura de especies marinas? ¿Recibirán los estudiantes las computadoras que les ofrecieron? ¿Los campesinos dispondrán de insumos gratis?
La risa, la sorna, la burla, la bufonada, la jerigonza, la broma, saltaron de inmediato a las redes sociales cuando Layda Elena Sansores San Román planteó a su Romeo el casamiento, como corolario, celebración y festejo por el inicio de las operaciones del Tren Maya.
El pobre hombre no sabía si huir o esconderse. Quedó paralizado y mudo. Una mueca ensombreció su rostro y un intento de sonrisa quedó congelada. El ofrecimiento lo tomó desprevenido, por asalto. No se lo esperaba el homúnculo embajador de México en Guatemala.
Poco se puede exponer del mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, cuyo texto debe ser entregado este lunes 7 de agosto al Congreso del Estado. No hay destacable nada. Lo que se presume son inversiones y proyecciones del Gobierno Federal y si acaso de algunos ayuntamientos. ¿A dónde han ido a parar los más de 44 mil millones de pesos de los presupuestos gastados durante estos dos años?
La retórica, el discurso y las justificaciones sustituyen a la transparencia y la información en los gobiernos paridos por Morena, ergo la cuarta transformación. La publicidad, la información y las aclaraciones no forman parte de sus estrategias. Sólo son proclives a la propaganda, que oculta en vez de descubrir e ilustrar. Cuando están superados por la realidad recurren a la diatriba, el insulto o el desvío de la atención
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Que se recuerde que Layda Elena Sansores San Román y el Congreso del Estado no proporcionaron copias del Primer Informe de Gobierno y los anexos a los medios de comunicación y las representaciones de la sociedad, como asociaciones, clubes y colegios de profesionales, que comprenden la justificación del manejo de los recursos públicos. Y parece que esa será la tónica en este segundo año de administración.
La oscuridad será la prevalencia de las acciones de gobierno. De ahí el temor al planteamiento de la revocación de mandato, que se encuentra en el archivo muerto del Congreso del Estado, ante el temor de que la sociedad campechana reaccione y determine el cambio.
Dos años perdidos. De retroceso. Irrecuperables, sí, pero pueden servir de acicate para el cambio. La fe y la esperanza no deben perderse.
¿DÓNDE ESTÁN LOS MÁS DE 52 MIL MDP?
Desde que asumió la gubernatura de Campeche el 15 de septiembre de 2021, Layda Elena Sansores San Román ha tenido a su disposición un presupuesto superior a los 52 mil millones de pesos. Y pese a que diputados, dirigentes de partidos, sectores sociales (empresarios, campesinos, asociaciones civiles, medios de comunicación, etcétera) le han pedido cuentas, navega en la opacidad más negra de toda la historia de Campeche.
El Gobierno del Estado de Campeche tuvo un presupuesto de 20 mil 454 millones 315 mil 101 pesos en 2021. De los cuales, durante nueve meses y 15 días los manejó a su antojo Carlos Miguel Aysa González. Desde el 15 de septiembre de ese año, las finanzas pasaron a manos de Layda Sansores, quien nunca dio a conocer cuánto le dejaron en caja, y mucho menos ha dicho qué hizo con ese dinero.
Siendo benevolentes, podemos suponer que al menos le dejaron la nómina y la parte proporcional de aguinaldos de nueve meses, y que ejerció el presupuesto de los restantes tres meses, que rebasarían los cinco mil millones de pesos, que le permitieron tener buen margen de maniobra.
En 2022, ya con el control total del Gobierno de Campeche, el Congreso le aprobó su propuesta de ejercer 22 mil 349 millones 942 mil 786 pesos, cifra superior a lo erogado en el año previo. Para 2023, los diputados sumisos le volvieron a autorizar un gasto por 24 mil 826 millones 718 mil 921 pesos, del que tampoco ha rendido cuentas.
Si sumamos los dos montos presupuestales que le aprobó para ella solita el Congreso, para los ejercicios fiscales 2022 y 2023, concluiremos que el Gobierno de Layda Sansores ha dispuesto de recursos por un monto total de 47 mil 176 millones 660 mil 707 pesos, y si le sumamos el “saldito” que le dejó el paliceño Aysa González en las arcas, pudiéramos concluir que al 31 de diciembre de este año, la gobernadora habrá tenido en sus manos más de 52 mil millones de pesos.
Si los dividimos entre los 837 días que acumulará en el poder al 31 de diciembre, tenemos que la hija del Cacique Negro dispone de 62.47 millones de pesos diarios —más de mil 874 millones al mes— para atender las principales necesidades de los ciudadanos. ¿Qué ha hecho con ese dinero? Nadie lo sabe. Ni los diputados, ni los campechanos, por la sencilla razón de que no se ven acciones de Gobierno por ningún lado. Aún más, se han cancelado programas sociales (mochilas, útiles escolares, tenis y uniformes, por ejemplo), y si bien es cierto que hay reparto de dinero de programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes construyendo el futuro, becas para estudiantes, fertilizantes a algunos productores, etcétera, habrá que recordar que todo ese dinero proviene del Gobierno Federal, y que Layda Sansores no pone ni un peso.
Tampoco hay obras significativas, menos aún faraónicas. La industria de la construcción, pilar importante del desarrollo de cualquier sociedad, está paralizada. No hay compra de tractores para mejorar la producción agropecuaria. No hay apoyos a productores que —como los mieleros de Hopelchén o los ganaderos de todo el Estado— sufrieron siniestros por diversas causas, y no se diga de la implementación de algún programa netamente estatal, para apoyar a los sectores vulnerables.
Tan desatendidas están las regiones del Estado, que por ejemplo, Layda permite al Gobierno de Quintana Roo utilizar un presupuesto para concretar acciones en las comunidades rurales que colindan entre ambos Estados, y que se encuentran en litigio, para atender sus principales necesidades, principalmente en materia de agua potable, caminos, electrificación y créditos para la producción.
¿No es responsabilidad del Gobierno de Campeche atender a esas 33 comunidades limítrofes, donde habitan más de diez mil personas? ¿O es que al estilo de Antonio López de Santa Ana, la gobernadora Sansores San Román ya decidió ceder a los quintanarroenses los 10 mil 200 kilómetros cuadrados que se encuentran en disputa? Por sus antecedentes de traidora, no podemos descartar que eso vaya a suceder. Por eso hay que estar atentos del desenlace del diferendo, que lleva varias décadas, sin que se encuentre una responsable solución.
Lo cierto, lo innegable, es que los campechanos no sabemos qué se hace con el dinero del presupuesto, y que el evento en que se debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre el estado que guarda la administración pública estatal, se ha convertido de dos años a la fecha en una pasarela de frivolidades, ejercicio de talk show para llevarle al pueblo pan y circo, mientras que otras manos, en la más absoluta opacidad, se llevan el presupuesto estatal a destinos inconfesables.
Y hay que decirlo con absoluta claridad. Layda Sansores no está cumpliendo con su obligación de rendir cuentas claras. No sabemos qué avances en cumplimiento lleva su Plan Estatal de Desarrollo —¿si es que existe?—, ni estamos enterados de cómo andan las finanzas públicas, si ya fue pagada la deuda, si se contrataron más empréstitos o qué se ha hecho con los más de 52 mil millones de pesos que maneja hasta ahora el Gobierno sansorista.
No olvidemos que opacidad y engaños, es igual a corrupción y saqueo, y que esas características las llevan Layda Elena y su tribu, por genética. Ahí reside el quid del asunto.
SE HA PERDIDO LA SOLEMNIDAD
Lo que debiera ser un acto protocolario, revestido de solemnidad, ha sido convertido en folclor, música, baile, halagos, clase de maya e insulsas autoentrevistas, en una especie de club del elogio mutuo o de la loa recíproca. No hay contenido. Ni coherencia.
Es salir al paso para simular que se cumple con la ley. Nada más.
Mientras prevalece la fiesta, la Administración de Layda Elena Sansores San Román continúa su camino hacia la destrucción. Campeche, de acuerdo con los indicadores de la actividad económica estatal, permanece en el sótano, con decrecimiento del —14.4 por ciento, mientras Tabasco se encuentra en el primer sitio con +24.3%, Quintana Roo con +7.8% y Yucatán con +2.1%. Para mayor vergüenza, hasta Chiapas nos supera con +6.7%.
Para aguarle la fiesta a Sansores, sicarios ultimaron en los dos primeros días de este mes a dos personas en Ciudad del Carmen, precisamente en los suburbios conocidos como Manigua y Caleta, sin que conozca el paradero de los delincuentes. Más aún, el clima de inseguridad va tan en franco deterioro, que en julio pasado las ejecuciones en la entidad aumentaron en 150 por ciento.
Para ilustrar mejor el desempeño, el comparativo con los dos primeros años de las administraciones de José Antonio González Curi, Jorge Carlos Hurtado Valdez, Fernando Eutimio Ortega Bernés y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, sirven de ejemplo para sostener que el Gobierno de Sansores se encuentra en el tobogán, rumbo al despeñadero.
Esos gobernadores permanecieron en comunicación con todos los sectores sociales, mantuvieron el liderazgo en seguridad, a la que inyectaron importantes recursos en equipos, herramientas, instalaciones y capacitación. Promovieron la educación, a la que canalizaron importantes recursos para tecnologizarla, auxiliar a los padres en sus gastos escolares, con zapatos, mochilas, computadoras y útiles.
Se obtuvo justicia fiscal tras la exposición de la insuficiencia de participaciones por el aprovechamiento del petróleo, el campo recibió impulso tal, que se obtuvieron cosechas récord. Se eliminó parcialmente y luego en su totalidad el pago de la tenencia vehicular.
Muchos campechanos obtuvieron casas a crédito, mejoraron y construyeron caminos, adquirieron reservas territoriales en previsión del crecimiento y las necesidades de la gente de menores recursos económicos y el sector salud se vio beneficiado con ambulancias, medicamentos y la construcción y rehabilitación de hospitales, y la pesca recibió fuerte impulso.
Este es un pequeño breviario y el recuerdo de que la información fluía. En la Administración actual el silencio es cómplice de la deshonestidad y los periodistas independientes reciben piedras, amenazas, denuncias y burlas para intimidarlos y callarlos. Sí, se nota la transformación. Para empobrecer, lastimar y silenciar.
Ahora vale preguntar, en este ciclo escolar, ¿a cuántos padres de familia auxiliará el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román para aliviarles la carga del regreso a clases?, ¿en qué medida ha aumentado el abasto de medicinas?, ¿dialogará con los sectores inconformes por medidas que los afectan?, ¿devolverá lo pagado por los campesinos por los fertilizantes que les prometieron serías gratuitos?,¿cómo se auxiliará a los pescadores?
ARTURO AGUILAR, MISÓGINO Y MAPACHE
Si la gobernadora Layda Elena Sansores San Román fuera congruente entre sus dichos y sus hechos, hubiera procedido de inmediato al cese del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Arturo Aguilar Ramírez, antes de que decidiera irse a disfrutar de sus onerosas vacaciones. Sería extraño que estuviera enterada del compromiso que asumía con un periodista.
Lo anterior debió ser así, se reitera, porque el también exasesor jurídico del PAN en el Congreso del Estado, fue pillado en una grabación en que descaradamente ofrece incorporar a un periodista en la “lista de beneficiarios” que cobran en la Unidad de Comunicación Social, a cambio de suspender sus “verguizas” en contra del secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, del Gobierno del Estado y hasta de Morena.
A cambio, el periodista en cuestión tendría que “verguear” a la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre y al PRI, además de que recibiría indicaciones específicas de Walter David Patrón Bacab, titular de la Unidad de Comunicación Social, para difundir en sus redes sociales la información que le proporcionen. (Suponemos que loas a la gobernadora y “verguizas” contra sus adversarios).
En el audio, que el propio periodista se encargó de circular públicamente el pasado fin de semana, se escucha claramente cuando un fino y educado Arturo Aguilar Ramírez textualmente le indica:
“El acuerdo es nada contra Morena ni contra el Gobierno del Estado, a la verga. ¿Quieres verguear a Biby, quieres verguear al PRI? Verguéalos, a la verga. Y te van a indicar tareas para que hagas, o sea, etcétera, etcétera. Esa madre allá te lo van a dar…”.
Más adelante, en otro apartado del diálogo, Aguilar Ramírez revela que actúa “en apoyo al periodista” por indicaciones de su jefe, Aníbal Ostoa Ortega: “Me dijo que le bajes tres rayitas a tu pinche desmadre y que busques algo que sea estable para ti, ahora que si no vas a querer, puta, seguir la línea, pues sigue con tu desmadre. ¿Me entiendes?”.
Quienes conocen a Aguilar Ramírez atestiguan que se trata efectivamente de su voz, y que fue él quien cometió esa monumental pifia que no sólo evidencia su alto grado de escolaridad y de dónde vienen los golpes que cotidianamente se lanzan contra la alcaldesa Rabelo de la Torre, sino también que se utilizan recursos públicos para ayudar y “proteger” al partido Morena.
Es decir, que hay una lista de periodistas que no pueden “golpear” a ese partido y que de inmediato salen a la defensa de su dirigente, el chilango Erick Reyes León, cada vez que riega el tepache, lo cual por cierto, es muy frecuente.
Arturo Aguilar Rodríguez también desmiente con su voz a su jefa la gobernadora, quien ha negado que en su Gobierno se reparta dinero para que hablen bien de ella (o para que no hablen mal) y que mucho menos existe “línea” para los periodistas. Además, nuevamente exhibe la violencia política en razón de género de la mandataria, pues es su Gobierno el que patrocina los golpes a la alcaldesa.
Son dos temas delicados. Por un lado, delito electoral, al destinar recursos públicos para beneficiar a un partido (Morena) y atacar a otro (el PRI). Y por otro, delitos de odio y violencia política en razón de género, al ordenar que se golpee mediáticamente a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, a quien el equipo de la gobernadora considera como el enemigo a vencer en las próximas elecciones.
Es ingenuidad gigantesca exigirle a la gobernadora Sansores que exhiba públicamente en uno de sus Martes de Jaguar, esta grabación certificada, en que se evidencian hechos de corrupción, y se utiliza un lenguaje similar al que tanto critica en su programa. La prueba debe quedar registrada para que el equipo de la alcaldesa Rabelo de la Torre (y del PRI en su caso), procedan mediante los cauces legales a exigir una sanción ejemplar en contra del funcionario.
No olvidemos que Aguilar Ramírez es un arribista de esta Administración. Toda su vida militó en el PAN (fue síndico en Candelaria en 2006, contralor municipal en Tenabo en 2011, asesor legal de Jorge Luis Lavalle, funcionario federal en los 12 años del panismo y asesor jurídico del grupo parlamentario del PAN en el Congreso) así que lleva mucho tiempo comiendo con manteca.
Cayó en el grupo gobernante gracias a las recomendaciones de Pashita, a pesar de que a lo largo de su trayectoria partidista, fue uno de los que más atacó, ofendió, insultó y calumnió al hoy presidente López Obrador y a su movimiento Morena, y claramente se observa ahora su escaso respeto por las garantías individuales, a pesar de que es subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. No quisiéramos imaginar qué haría si lo pusieran como subtitular de la Santa Inquisición.
Por los antecedentes de casos anteriores, en que han sido exhibidos funcionarios de esta Administración en acciones irregulares, estamos en posición de asegurar que nada harán contra Aguilar Ramírez, pues la impunidad es el manto que protege a los colaboradores cercanos de la mandataria. Pero queda evidencia, una vez más, de cómo se manejan los recursos públicos para fines partidistas y políticos que le interesan a la gobernadora, y que nada tienen que ver con la colectividad. Una mancha más al jaguar.
EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com
