LITIGIOS BUSCAN RESTRINGIR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: ARTÍCULO 19
Por: Paco padilla | Diálogos Oaxaca
Una jueza en Campeche ordenó que el medio Tribuna de Campeche cuente con un censor oficial y que el periodista Jorge Luis Gonzálartez Valdez sea supervisado en sus coberturas, como parte de medidas cautelares en un proceso penal por presunta incitación al odio tras publicaciones sobre la gobernadora Layda Sansores.
Estas medidas han sido rechazadas por González Valdez, quien sostiene que constituyen una forma de censura.
Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, consideró en entrevista con Animal Político, que estas medidas son un exceso y ponen en riesgo la libertad de expresión tanto en Campeche como en el país.
“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, dijo Maldonado.
Sin embargo, el caso entre Sansores y Valdez no es el único en el que se han utilizado denuncias penales contra periodistas como mecanismos para restringir la libertad de expresión.
Desde 2018 se han documentado 158 casos de acoso judicial contra periodistas, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. La organización señala que los procedimientos judiciales son utilizados como mecanismos para restringir la libertad de expresión.
En el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 21 casos de denuncias en contra de periodistas, que incluyen litigios con demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos, según el informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” de Artículo 19.
En promedio en 2024 se inició un proceso contra periodistas cada tres semanas. “El 28.57% de estas denuncias sucedieron en el marco electoral por violencia política de género”, indica el documento. Seis de éstos fueron por denuncias de presunta violencia política de género en contra de candidatas a un cargo de elección popular. “Lo que implica que las candidatas que hicieron estas denuncias hayan aprovechado esta medida para proteger intereses propios”, aseguró la organización en el informe
