Layda y “Seso Loco” no debe gozar de impunidad, afirman
Los millones de pesos que recibió por servicios que no realizó, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores San Román, cuando ella era alcaldesa de de la delegación Álvaro Obregón, constituyen un ilícito, afirmaron los coordinadores parlamentarios del PRI y Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, al exigir que el Gobierno de la Ciudad de México actúe conforme a la ley, investigue y sancione.
Señalaron que la entrega de recursos al socio del Sánchez Sansores, Walter Patrón Bacab, hoy vocero del Gobierno del Estado, a través de su empresa WorgCorp, amerita una investigación seria e imparcial, y si se comprueba que se cometió algún delito, que se aplique todo el peso de la ley.
Coincidieron en que el nepotismo y tráfico de influencias en el Gobierno del Estado, donde están incrustados al menos una docena de familiares de la gobernadora y su sobrino en puestos claves, tiene que ser sancionado.
