LAYDA SANSORES Y EL USO DEL PODER PARA SILENCIAR A LA PRENSA EN CAMPECHE
Es profundamente preocupante que una figura de poder como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, utilice un canal oficial y recursos públicos para emitir descalificaciones, burlas y acusaciones personales contra periodistas y medios de comunicación. Más allá del tono confrontativo, este tipo de conducta tiene implicaciones graves en términos legales, democráticos y de derechos humanos.
Desde una perspectiva jurídica, las declaraciones de la gobernadora vulneran principios fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Artículo 6 garantiza el derecho a la libertad de expresión y establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Aunque los funcionarios también tienen derecho a expresarse, este derecho no debe ejercerse desde una posición de poder para atacar o intentar silenciar a quienes ejercen una función crítica y de contrapeso, como es el periodismo.
Asimismo, el Artículo 7 protege la libertad de prensa y prohíbe expresamente cualquier tipo de censura previa. Cuando una autoridad descalifica públicamente a periodistas, los acusa de delitos sin pruebas, los ridiculiza o los expone al escarnio público, se genera un clima de intimidación que, en la práctica, restringe la libertad de prensa. No es censura directa, pero sí es una forma de represión encubierta, conocida como censura indirecta.
También debe considerarse el principio de legalidad y uso correcto de los recursos públicos. Utilizar un programa gubernamental, financiado con el erario, para emitir opiniones personales y campañas de desprestigio es una violación al uso adecuado de los fondos públicos. Este acto puede incurrir en responsabilidades administrativas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala como falta grave el uso indebido de recursos públicos con fines distintos a los institucionales.
Finalmente, desde una perspectiva democrática, este tipo de discursos desde el poder fomentan un ambiente hostil hacia la prensa, debilitan el pluralismo y promueven la polarización. La función del periodismo es informar, cuestionar y fiscalizar al poder. Los gobernantes deben responder con transparencia y argumentos, no con insultos ni amenazas veladas.
Como bien dijo el escritor Albert Camus: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala.” Esta frase cobra sentido cuando quienes gobiernan usan su cargo para imponer su verdad, descalificar al disenso y sofocar las voces que los cuestionan.
