EXPEDIENTE | OTRO GOLPE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA 4T
El caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, detenido por “terrorismo, encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad”, confirma que en México se ha convertido en política pública, instaurada por el régimen de la Cuarta Transformación, el acoso y persecución contra los periodistas y el acotamiento de la Libertad de expresión.
¿Qué esconden estos gobiernos cuatroteros que no quieren que los periodistas descubramos y exhibamos? ¿Qué proyectos tienen en mente como para no permitir el libre ejercicio del periodismo en México?
Que en Veracruz se haya llegado al extremo de acusar de “terrorismo” a un periodista que solamente cubría un percance vial, rebasa los términos de la aberración, y ratifica que los gobiernos emanados de Morena consideran al ejercicio del periodismo como un obstáculo para la instauración de un régimen que no es democrático. ¿Es verdad entonces que nos están conduciendo a una dictadura?
Es muy peligroso el tema.
Lo que ocurrió con el periodista León Segovia hay que verlo como una amenaza para todos los ciudadanos, porque en estos momentos de dominio absoluto de las redes sociales, cualquier persona puede convertirse en periodista y documentar sucesos.
Basta con publicar un incidente que dañe o afecte la reputación o prestigio de un gobernante o de un personaje con “poder”, para que de inmediato se convierta en sospechoso de “delitos contra instituciones de seguridad” y que lo encarcelen por ello.
Es obvio entonces, que esas prácticas buscan reprimir la libertad de expresión, sea por parte de los periodistas profesionales, o de los ciudadanos que estén en posibilidad de documentar arbitrariedades, abusos, corruptelas e incluso delitos cometidos por las autoridades de cualquier nivel que sea.
En el caso del periodista Rafael León Segovia, su “delito” fue documentar un accidente vial protagonizado por la hija de la “influyente” abogada Leticia Zurita Dávila. “¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!” le gritó al reportero. Y sí, lo refundió en la cárcel inicialmente por delitos tan absurdos como “terrorismo” y “delitos contra instituciones de seguridad”.
Su verdadero pecado fue no borrar de su teléfono celular el video que documentaba la culpabilidad de la intocable hija de la “abogada más influyente de Veracruz”, como se ostenta Leticia Zurita Dávila.
Pero se insiste: la finalidad es enviar un aviso contundente a toda la sociedad. Es una amenaza directa contra todos los ciudadanos valientes que están documentando las traiciones de los funcionarios de la 4T a sus prédicas de “no mentir, no robar y no traicionar”.
Preocupa que estos gobiernos de la transformación, como se ostentan los morenistas, no hayan extirpado el influyentismo que prevalece entre las autoridades judiciales y algunos personajes con cierto poder. Por eso es que la Fiscalía General del Estado de Veracruz tuvo que confirmar la imposición de la medida cautelar de resguardo domiciliario por el lapso de un año contra el periodista Rafael “Lafita” León.
Y si bien, al periodista “solamente” lo vincularon a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, la realidad es que el arbitrario y represor Gobierno morenista de Rocío Nahle, y el “poder” de que se vanagloria la abogada Leticia Zurita Dávila rindieron frutos y hoy tenemos en la cárcel a un ciudadano inocente, cuyo error fue enfrentar al poder público corrupto.
El suceso ha concitado el repudio unánime de la comunidad periodística nacional. En un país que, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el Monitoreo Permanente de los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas, han ocurrido 402 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 341 periodistas; 9 locutores; 16 trabajadores de prensa; 19 familiares y 12 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 3 escoltas. Además hay 29 desapariciones forzadas pendientes de aclaración. Por ello, resulta abominable confirmar la intención del Gobierno de limitar el ejercicio del periodismo y de acallar la libertad de expresión.
Deben los ciudadanos encender los focos de alerta ante estos abusos de los autoritarios gobiernos de la 4T. Y se vale repetir lo que hemos planteado en esta columna: no son casos aislados. Son berrinches de los gobernantes en contra de los medios independientes y críticos y en contra de la sociedad valiente que alza la voz ante sus abusos.
Campeche es un mal ejemplo de esa intolerancia morenista a la diferencia de opinión. Aquí se persigue a opositores incómodos, a periodistas críticos, a activistas que defienden sus derechos y hasta a los ciudadanos que protestan contra las torpezas gubernamentales. Recuérdese que hay siete carpetas de investigación contra los “cabecillas” de las protestas contra el pésimo servicio de los Ko’ox.
En Campeche ya vivimos esta represión cuatrotera. No hay que hacer como que no pasa nada o como que “a nosotros no nos va tocar”. Cuando se trata de eliminar cualquier obstáculo que frene sus obsesiones de poder, a estos gobernantes de la 4T ya no los para nadie. Y sí, ya son un peligro para toda la nación.
