EXPEDIENTE | LAYDA BOICOTEÓ EL VOTO LIBRE

¿Cuántos cientos de millones de pesos le costó al presupuesto público estatal mantener la mayoría de Morena en el Congreso del Estado y ganar en siete de los 13 Municipios campechanos? Los criterios para juzgar son muy amplios, porque no ocultaron el despliegue de recursos.

La compra de votos, la cooptación de líderes naturales, el soborno a funcionarios de casilla para que no se presentaran el día de la votación, las amenazas contra beneficiarios de los programas sociales federales para que voten por Morena “o les suspenderían los apoyos”, el acarreo de votantes, el reparto descarado de dinero desde las oficinas del Gobierno del Estado y el envío de grupos de choque para inhibir la participación ciudadana, entre otros hechos, fueron muy evidentes antes y durante la jornada comicial del pasado domingo.

Ya no asusta, asombra, ni espanta el cinismo de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, al acusar a “los de enfrente” de cometer todo lo que sus esbirros vinieron haciendo durante toda la jornada de votaciones.

Acusar “alquimia electoral” en el Municipio de Campeche, no es más que otro intento de intentar distraer inútilmente la atención. Como aquel ratero de mercado que grita “al ladrón al ladrón”, mientras él se escapa en sentido inverso con el botín en la mano.

Layda Sansores, en contubernio con la Fiscalía Estatal y el Tribunal Superior de Justicia, fueron los que armaron los expedientes judiciales amañados para anular políticamente a sus opositores, Eliseo Fernández Montúfar, Paul Alfredo Arce Ontiveros, Biby Rabelo de la Torre y el candidato suplente al Senado, Daniel Barreda Pavón, quien probablemente se quedará con el escaño federal.

Hay que ser claros, precisos y contundentes. Campeche vivió una elección de Estado el domingo pasado, y no sólo por los operativos mapacheriles que se pusieron en marcha ese día, sino por todos los antecedentes que vivimos los campechanos antes, durante y después de las campañas.

¿O acaso no es una flagrante violación a la ley, cometida por la gobernadora y sus achichincles, organizar el festejo por el “triunfo” electoral en instalaciones públicas —el Centro de Convenciones—, en evento financiado con recursos públicos —el programa “Martes del Jaguar”—, y con servidores públicos utilizando el tiempo de su labor oficial para actos partidistas? Mayor desvergüenza y cinismo no se había visto jamás.

Que la euforia laydista luego de conocerse los resultados de las votaciones es ficticia, es evidente, porque sabe que ella no tuvo nada qué ver con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo. Por el contrario, Layda fue siempre un factor adverso, un lastre, un punto negativo que ahuyentó votos en lugar de acercarlos.

Vaya, si comparamos los 275 mil 262 votos que obtuvo López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, contra los 238 mil que habría obtenido Claudia Sheinbaum el domingo, veremos que hay una caída real de al menos 16 por ciento en respaldo de los campechanos al abanderado presidencial morenista. 

Y si lo ponderamos con el hecho que la morenista obtuvo cinco millones de sufragios más que AMLO, entonces veremos que la falta de respaldo en Campeche a su proyecto, es atribuible totalmente a la pésima, corrupta, cínica, sinvergüenza y mentirosa gobernadora que padecemos.

Haber alcanzado la mayoría en el Congreso del Estado no debe ser motivo de fiesta para la mandataria y sus esbirros, porque sabe que no llegarán a la Legislatura con la conciencia tranquila. Todos se prestaron a las más diversas corruptelas para que pudieran agenciarse la mayor cantidad de sufragios.

No se olvide que una candidata morenista, la chenera Rosa Verónica Ortiz Ek, fue retenida la noche del viernes antepasado, en el punto de revisión que se ubica por la carretera a Castamay, con bolsas de dinero en efectivo. Más de 150 mil pesos, trascendió extraoficialmente que servirían para comprar votos. No la detuvieron, no la procesaron, no la pusieron a disposición de un juzgador, pese a que estaba incurriendo en flagrante delito electoral.

También incurrió en delito electoral Laura “la ratita” Sansores San Román, quien desde la Mansión Carbajal, donde funcionan las oficinas del DIF, repartió dinero en efectivo y despensas a personas de la tercera edad, para que votaran a favor de Morena. 

Desde las oficinas del Instituto Nacional de Pesca, de la Secretaría de Desarrollo Rural y desde la Casa de los Gobernadores, ubicada en la avenida República en Santa Ana, salieron grandes bolsas con cientos de miles de pesos en efectivo para que se sobornara a ciudadanos e indujeran a votar por Morena.

En pocas palabras, Campeche retrocedió más de 40 años en el aspecto democrático, porque el proceso electoral no fue limpio y equitativo. Había desesperación en el equipo de la gobernadora, pues las encuestas le anticipaban una debacle electoral en la capital del Estado y en varios Municipios.

Por eso operaron en las jurisdicciones donde sabían que podrían manipular a sus anchas, como Carmen, Champotón, Candelaria, Escárcega, Seybaplaya y Calakmul. Controlando esas zonas, y comprando los votos que esperaban les serían suficientes para asegurar al menos 12 diputados, como finalmente aconteció.

Las diputaciones de los distritos 7 (Campeche-Tenabo) y 19 (Hecelchakán) se irán a juicio, pues las diferencias son mínimas, y en el conteo oficial se benefició descaradamente a los candidatos de Morena. Si ambas diputaciones se les caen a los guindas, como seguramente sucederá, se quedarán sólo con 12 diputados de mayoría, y MOCI tendría uno y el PRI-PRD el otro.

Pero si los partidos de oposición unen esfuerzos para impugnar todo el proceso, es posible que Morena pierda otros distritos, como los del Carmen, en donde las irregularidades estuvieron a la orden del día y la compra de votos la coordinaron desde el Palacio Municipal, con Pablo Gutiérrez Lazarus al frente. Pero esa es otra historia.