EXPEDIENTE | LAYDA, ANTIFEMINISTA; MALA Y LLORONA

La postura que fijó la gobernadora Layda Elena Sansores San Román en su programucho de los martes, en contra del movimiento feminista que el pasado 8 de marzo destruyó 33 paños de vidrio del Palacio de Gobierno y quemó objetos frente a la puerta principal, acabó de un manotazo con 30 años de su supuesta lucha social a favor de las mujeres.

Su rostro intolerante ya lo había sacado a flote varios meses antes, cuando sin pudor ordenó la persecución y hostigamiento en contra de la alcaldesa de la Junta Municipal de Carrillo Puerto, Champotón, Griselda Puc Valverde, a quien le quemaron su vivienda, la destituyeron ilegalmente del cargo y la encarcelaron injustamente, sólo por llevarle la contraria y exigir obras públicas para su pueblo.

También cuando difamó a las diputadas federales del PRI que supuestamente llegaron al cargo por enviar sus “packs” de fotos a su líder nacional, Alito Moreno, olvidando que ella tuvo su primera chamba como diputada federal, gracias a que su papi Carlos Sansores le dijo a su tocayo Salinas de Gortari que su hijita “no tenía trabajo”. Llegó a ese cargo sin mérito y no es digno de presumirse.

No sólo eso. Ha despotricado contra influyentes mujeres, como la alcaldesa Biby Rabelo, la periodista Fátima Monterrosa, la hoy candidata presidencial Xóchitl Gálvez, la senadora Lilly Téllez y tantas más que demuestran su falta de sororidad a la loable lucha de otras féminas, aunque no pertenezcan a su partido.

Layda sólo utiliza su condición de mujer —paradójicamente— para perseguir a sus críticos, recurriendo a esa veleidosa figura jurídica de violencia política en razón de género, que no es más que el pretexto de algunas de las que están en el servicio público para no tolerar la crítica de los medios, de los partidos opositores o de los ciudadanos. 

No les ha quedado claro que tienen dos opciones si no quieren señalamientos por su mal desempeño público: una, que hagan bien su trabajo y que no roben, no corrompan y no mientan, o dos, que se retiren del servicio público. En la privacidad de sus hogares seguramente que ya nadie volverá a enjuiciarlas.

Más que la amenaza de proceder judicialmente contra las mujeres que encabezaron los incidentes en Palacio de Gobierno el pasado 8 de marzo, lo que más ha causado indignación es acusarlas de haber sido manipuladas por un partido político o el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado.

Señalar que ellos les proporcionaron los instrumentos para vandalizar Palacio es muy grave, a menos que tenga evidencias. Pero no las tiene, pues no las presentó en su bazofiesco programa de los martes.

Pero, ¿con qué calidad moral las juzga si ella es una vándala política? Layda Sansores ha recurrido muchas veces a la violencia en su carrera política. Aquí aún se recuerda cuando hecha una energúmena ingresó al café de un hotel del centro de la ciudad para abofetear a un columnista que le había hecho señalamientos críticos en su espacio periodístico.

Como candidata en 1997 quiso abofetear en el aeropuerto al corresponsal de un medio nacional, tras reclamarle que sólo publicara notas “a favor de Curi”. En 2015 ella y sus huestes ingresaron a la casa de campaña de Christian Castro Bello, cuando compitió y ganó como candidato a diputado por el Cuarto Distrito. Rompió vidrios y causó destrozos en las oficinas ubicadas casi enfrente de la Delegación de la Procuraduría General de la República.

¿No ingresó también a las bodegas del IMSS a causar vandalismo? ¿No fueron sus fanáticos seguidores los que lanzaron piedras a Palacio de Gobierno el 19 de octubre de 1997, para provocar la reacción represora de la policía en aquella noche en que ella habló de muertos inexistentes?

Layda Elena Sansores San Román fracasará cada vez que intente engañar a los campechanos que conocen su turbio pasado. No sólo la recuerdan como la heredera de una fortuna que provino de la corrupción y el saqueo de su papá, sino como una vividora política violenta que no mide las consecuencias de sus actos.

Querer presentarse ahora como inocente palomita para incriminar a feministas que —ellas sí— defienden la causa y sacan la cara por sus compañeras violentadas, es cinismo y desvergüenza. 

Se entiende su amnesia por cuestiones de su senectud, pero ella debe entender a su vez, que los campechanos no se tragan su intento de tergiversar la historia. La conocen muy bien todos, y muchos de los veteranos periodistas que siguen en activo, la escribieron. Y en los archivos se encuentra escrita esa historia, que merece ser desempolvada.