EXPEDIENTE | HARTAZGO CIUDADANO POR ABUSOS POLICIACOS
Nunca como ahora se habían registrado tantos abusos policiacos contra la ciudadanía, que han sido plenamente documentados mediante videos, y han provocado indignación generalizada, repudio total, y el descrédito de lo que Marcela Muñoz llegó a presumir como “la mejor policía del país”.
Mientras que en Ciudad del Carmen se comprobó el caso de extorsión a un automovilista a quien el policía pidió 20 mil pesos ¡por transferencia bancaria!, y en Champotón el comandante policiaco fue exhibido en redes por exigir cuatro mil pesos a un transportista, (y por no ceder al chantaje terminó “perdiendo” cinco mil pesos que guardaba en su unidad), en la capital del Estado todos los días se documentan detenciones arbitrarias, abultadas e injustificadas multas, retención ilegal de vehículos, etcétera.
Son tantos y tan frecuentes estos abusos policiacos que se registran en cada uno de los 13 Municipios campechanos, que el director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Víctor Hugo Sánchez, tuvo que salir a dar la cara y subir a las redes un video para “informar” a la ciudadanía, que ha sufrido estos abusos, que pueden presentar sus quejas y denuncias ante su oficina, para que se investigue y se sancione al elemento.
Pero todos en Campeche sabemos que iniciar un trámite ante la Dirección de Asuntos de la SPSC y perder el tiempo es exactamente lo mismo. No sólo eso, se abren las puertas para que los demás elementos policiacos tengan los datos personales de los ciudadanos quejosos a fin de que, a la primera oportunidad, no sólo sea multado, sino que sufra el arresto por hasta 36 horas por cualquier pretexto que se les ocurra.
Y el más recurrente es el de “ultrajes a la autoridad”, como le ocurre al periodista Jorge Luis González Valdez. La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la vacacionista y corrupta Marcela Muñoz Martínez, estableció en el catálogo de multas y sanciones una que precisa que el ciudadano que asuma una “actitud violenta” y ofensiva en contra de la autoridad, será remitido al juzgado cívico para un arresto de 36 horas, y una multa de alrededor de 14 mil pesos.
No fue una decisión que haya pasado por el Congreso del Estado, ni que se haya discutido o debatido por parte de nuestros representantes populares. No. Fue una decisión arbitraria y caprichosa de la corrupta e incompetente Marcela Muñoz para “ganarse el respeto ciudadano”, aunque los resultados que se observan son exactamente todo lo contrario.
¿Es casualidad que al mismo tiempo que se incrementa la ola de ejecuciones y atentados a balazos en toda la geografía estatal, nuestros policías hayan intensificado su acoso y persecución contra los campechanos?
El pretexto es lo de menos, y para colmo ya ni es necesario poner retenes para obligar al ciudadano a identificarse y proporcionar los documentos que le pidan. Si carece de alguno, como bien sabemos, corralón, y en numerosos casos la detención del conductor.
¿Es casualidad que en los días en que la corrupta e incompetente comandanta Marcela se va de vacaciones al extranjero junto con toooda su familia fifí, los elementos policiacos se sientan en la libertad total de perseguir y extorsionar a los ciudadanos?
Fue precisamente en estos días cuando cerca de mil elementos recibieron su “bono de lealtad a Marcela” de tres mil pesotes a cada uno, y de manera coincidente empezaron a incrementarse las detenciones arbitrarias y las excesivas multas. ¿Acaso pretenden recuperar los tres o cuatro millones de pesos que repartió el Gobierno a los elementos policiacos?
Ya lo hemos planteado en ocasiones anteriores y no está de más repetirlo: la llegada de Marcela Muñoz a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acabó con el prestigio de esa corporación. Junto con sus comandantes foráneos, han propiciado que la corrupción se generalice y que los abusos policiacos estén a la orden del día.
Lo peor es que cada vez que la corrupta, nefasta y perversa gobernadora Layda Sansores ratifica a su querida Marcela o le da un espaldarazo público, sea a través de su asqueroso programa de los martes, o en algún evento al que ocasionalmente acude, se incrementa también la impunidad y la prepotencia de los jefes policiacos y de sus elementos leales.
Y los paganos somos los ciudadanos. Por eso es que de nada servirá quejarse ante la Dirección de Asuntos Internos. Si ya llevan el visto bueno de la gobernadora, quien hasta los premia con sus miserables bonos, entonces es inútil quejarse. Pero ¡aguas! que la paciencia se acaba, y con sus abusos y excesos sólo están propiciando que el ciudadano empiece a hacerse justicia por mano propia. Y nadie, absolutamente nadie, desea que impere el caos y la anarquía.
