EXPEDIENTE | EL GOBIERNO, CON LA VIOLENCIA HASTA EL CUELLO

Cimbró a todo el pueblo campechano la ejecución de la síndica jurídica del Ayuntamiento de Palizada, la profesora morenista Karina Aurora Díaz Hernández. El repudio por ese cobarde asesinato se desbordó fuera de los límites geográficos del municipio de Palizada y tuvo una difusión nacional que evidenció la gravedad del problema que estamos viviendo en esta antes pacífica entidad y que tanto niega el Gobierno de la señora Sansores.

Toda la narrativa laydista para minimizar el crecimiento de la incidencia delictiva, o sus berrinches porque las estadísticas inflan una realidad que según ella es otra, se derrumbó estrepitosamente cuando en todos los noticieros nacionales y medios de comunicación de todo el país, se mencionó a Campeche como uno de los estados en donde la delincuencia organizada asesina a las autoridades.

Lo primero que hicieron la mandataria, sus asesores y sus matraqueros, fue tratar de minimizar el suceso, por eso ordenó a las páginas a su servicio que no resaltaran la noticia, que mejor se concentraran en los bloqueos en calles y avenidas por el deficiente servicio del Ko’ox.

Pero la realidad los rebasa en todos los aspectos. Tienen a la violencia hasta el cuello, y lamentablemente ha tocado las puertas de los propios integrantes del Gobierno.

Expertos en la fabricación de culpables en otras partes, y en evadir sus responsabilidades propias, no se descarta que los genios que asesoran a la gobernadora le sugieran acusar a Movimiento Ciudadano, a Alito Moreno o a Eliseo Fernández de estar detrás del atentado. Ya lo han hecho antes y es muy probable que lo hagan otra vez. Politizarlo pues.

Si ya de por sí culpan a los mocistas de estar detrás de las protestas ciudadanas contra el Ko’ox, se les hará fácil atribuirles también esta ola de ejecuciones —al menos 10— que se ha desatado en los últimos días en territorio campechano. Pixtún, El Carmen, Campeche, Palizada y Candelaria han sufrido los embates de la delincuencia organizada, mientras el fiscal Jackson Villacís, y la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz se lavan las manos con excusas absurdas.

Resulta sospechoso que la gobernadora Sansores haya salido a declarar a escasas horas del asesinato, que no hubo móvil político, o que no se involucre al alcalde petista Pedro Ayala Cámara. Es sospechoso porque ante un suceso de este tipo, que lastimó tanto a la sociedad campechana, no se debe descartar ninguna línea de investigación. A menos, claro, que se busque proteger a alguien, o a algunos que pudieron estar detrás del artero crimen.

Lo cierto es que por tratarse del homicidio de una persona pública, de una integrante del Cabildo de Palizada, quien desempeñaba la función de síndica jurídica, se constituye por ese solo hecho un crimen político, con motivaciones políticas, aunque la gobernadora lo quiera negar. Puede tener otras causas, es cierto, pero lo primero es investigar si la asesinaron por el cargo que ocupa, por las constantes denuncias contra el alcalde Pedro Ayala Cámara —quien por cierto no ha podido ni pagar la quincena de sus trabajadores— o por posibles hechos de corrupción que pudo haber atestiguado en esa municipalidad.

Habría que cuestionar también si es que Karina Aurora se sentía amenazada por algo o por alguien. Apenas en junio pasado estuvo en el Martes del Jaguar y una de las personas a las que se apresuró en buscar fue a la comandanta Marcela Muñoz. ¿Le reveló algo? ¿Le pidió alguna especie de protección? ¿Le adelantó lo que pudiera sucederle por el cargo que desempeñaba? Solo Marcela lo sabe.

Sería interesante también saber si en la revisión de sus comunicaciones telefónicas o por Whatsapp se han descubierto algunos indicios de las probables causas de su ejecución. Si hubo amenazas, o si la intentaron chantajear, o si tuvo algunas diferencias con algunas personas que pudieran haber llevado a ese desenlace. Antes de descartar cualquier móvil del crimen, hay que dejar en claro el escenario. De lo contrario se generaría sospechas.

Por lo pronto los directamente responsables de este crimen son el fiscal Jackson Villacís, y la comandanta Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. Una vez más, han fracasado en el cumplimiento de sus funciones y lo primero que deberían hacer es renunciar. O que la gobernadora los cese de manera fulminante porque ambos son un par de fracasados. No protegen ni a los suyos.