EXPEDIENTE | DESESPERADA SANSORES POR REVESES JUDICIALES

La decisión de los magistrados federales para restituir el Estado de Derecho y devolverle a Jorge Luis González Valdez la posibilidad de ejercer el periodismo, y a TRIBUNA seguir publicando, provocó profundo malestar a la gobernadora Layda Sansores que, ofuscada, ordenó a su equipo de abogados encontrar la manera de impedir que tanto el periodista como el periódico, continúen con el ejercicio de sus funciones.

La salida —burda, torpe, aberrante, inverosímil y retrógrada— fue ordenarle a la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, que dictara nuevas medidas cautelares para resucitar de su centenario ataúd la figura del censor editorial, para vigilar qué es lo que debe publicarse y qué no, algo que por cierto, es común en los regímenes dictatoriales.

Vigente desde 1478 bajo el control de la Santa Inquisición, la medida de censurar el contenido de las publicaciones buscaba esencialmente evitar la propagación de “ideas subversivas”, es decir, aquellas que pusieran en peligro la estabilidad política de la monarquía española.

La resurrección del Santo Oficio de la Inquisición Sansorista ya no pretende evitar la propagación de herejías ni postulados que alienten la rebelión del pueblo, si no parar de lleno cualquier crítica en contra del ejercicio público de Layda Sansores como gobernadora de Campeche, el cual, sobra decir, es funesto y desastroso.

Ha barnizado esta aberrante censura con el pretexto de la “misoginia”, de la “violencia política en razón de género” y de la “incitación al odio y a la violencia”, pero la verdad es que detrás de esa autoritaria decisión judicial se encuentra la figura temerosa, apanicada e insegura de una gobernanta que sabe que lleva cuatro años sin dar resultados y que por ello evita que los periodistas críticos la presenten tal cual es.

Se percibe por su obviedad, la desesperación de la mandataria campechana porque los recursos judiciales que ha promovido le fueron adversos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el amparo a favor del diputado federal Ricardo Monreal Avila y resolvió que la mandataria campechana “difundió datos posiblemente obtenidos de forma ilícita, descontextualizados y contrarios al deber de objetividad”. Le ordenaron retirar las publicaciones donde hace referencia a esos temas y textualmente señalaron: “No es posible concluir que un alto mando de un Gobierno tiene permitido hacer cualquier tipo de expresión respecto de otra persona, incurriendo en difusión de material cuya procedencia y licitud es cuestionada, y haciendo uso de recursos públicos del Estado”.

La Corte falló en contra de la gobernadora de Campeche, pero su inconmensurable soberbia no le permite asimilar su derrota y por ello se ha entercado en repetir, junto con sus corifeos y escribanos a sueldo, que fue ella la que obtuvo el fallo a favor. No solo eso, sin contar con alguna prueba de sus dichos, ahora insiste en que Monreal actuó en contubernio con Alejandro Moreno Cárdenas para la promoción de ese amparo, algo que los jueces le dijeron que no puede probar.

Lo peor para ella es que los magistrados federales también protegieron a Moreno Cárdenas del uso excesivo de la fuerza pública en su contra y dictaminaron que las “pruebas” en su contra que se hayan obtenido de forma ilícita no son válidas, lo que derrumba la obsesión de Sansores San Román para enjuiciar políticamente al exgobernador de Campeche para refundirlo en la cárcel.

Por si fuera poco, el Tribunal Colegiado del 31 Circuito amparó al periodista González Valdez y al periódico TRIBUNA, para restituirles sus derechos a seguir publicando y dictaminaron que la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada, quien emitió tales medidas cautelares, violó de manera flagrante derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y al acceso a la justicia.

Con base en ese resolutivo, que ciertamente ha sentado precedente sobre el caso y ha frenado los abusos de la gobernadora de Campeche ¿qué puede esperarse de otra aberrante decisión judicial, ahora de la jueza interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, quien ordenó la intervención judicial al periódico y le prohibió al periodista que se refiera a la gobernadora Sansores San Román?

Solo para tenerlo muy claro, hay que precisar que el insólito y arbitrario resolutivo de Huitz May ordena expresamente la intervención judicial de la plataforma digital Tribuna, esto es, que un representante del Tribunal Superior de Justicia conozca antes de publicarse, el contenido de las notas y comentarios. La persona designada debe autorizar lo que se debe publicar, relacionado con la mandataria.

Al periodista González Valdez se le advirtió que deberá abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores. Y que no escriba ni publique imágenes que a ella se refieran. Además que todo lo relacionado con publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deben ser supervisados y vigilados.

Es clara y evidente la resurrección del Santo Oficio de la Inquisición. Es una manera burda, torpe, estulta y aberrante de blindar a la gobernadora Sansores de la crítica periodística, que ahora inicia con TRIBUNA, pero que si por alguna brutal decisión se deja firme, más adelante irá contra otras plataformas informativas, hasta llegar directamente al ciudadano que opina en sus redes sociales o que hace comentarios sobre los temas noticiosos del día.

Es un nuevo intento de atacar la libertad de expresión, bajo los pretextos de siempre, y con la misma meta: detener la crítica pública contra un Gobierno y una gobernadora que en cuatro años no han dado resultados, y cuyo ejercicio presupuestal es opaco, sospechoso y corrupto.