EXPEDIENTE | DELITOS DE ODIO CONTRA ARRESTADAS EL 8M

Hace unos días, durante una de sus inútiles, estériles e intrascendentes conferencias de “acciones” para presumir las obras de Gobierno, el titular de la Unidad de Comunicación Social, Walther David Patrón Bacab ‘amenazó’ con cancelar los contratos de publicidad que tiene con las páginas que incurran en publicaciones misóginas, ofensivas, pues, contra la mujer.

Allá en el fondo de la Sala de los Gobernadores, donde se efectúa ese intercambio de comentarios flatulentos entre los periodistas cómodos y los funcionarios del régimen, alguien susurró en voz muy queda como para que nadie lo escuchara:

—“Pero si eres tú el que nos manda las pautas a publicar y nos da la orden de que todos los días golpeemos a la Biby…”

Pero nadie oficialmente contradijo al “jefe”, urgidos como están la mayoría —porque hay algunos periodistas VIP que no tienen que presionar para que les saquen el cheque— de que se agilice el trámite de sus respectivas facturas.

Lo cierto, sin embargo, es que la orden de “golpear” a las mujeres, en especial a Biby Rabelo, pero también a la senadora Karla Toledo, o a las diputadas Mónica Fernández y Delma Rabelo, por ejemplo, parten desde el tercer piso de Palacio de Gobierno, y más exactamente desde las oficinas donde despacha Patrón Bacab.

Y esta semana en especial fue palpable que desde esa lúgubre y corrupta oficina, se instrumentaron las campañas en redes sociales en contra de las 12 mujeres que fueron detenidas el domingo pasado, debido a los disturbios ocurridos frente al Palacio de Gobierno, sin importarles que entre las personas en contra de quienes se ensañaron las páginas matraqueras y bots, se encontrara una jovencita de apenas 16 años de edad.

Cuando los papás de algunas de las 12 detenidas hacían sus publicaciones en redes sociales para denunciar la ilegal y arbitraria detención de sus hijas, Walther Patrón de inmediato activaba sus bots para que respondieran desde la ofensa, la diatriba, la calumnia y la frase recurrente que los identificaba como parte de un enjambre: “si son inocentes, ¿qué hacían ahí?”, como si fuera delito participar en una manifestación pública.

A las 12 mujeres detenidas y a los dos varones vilipendiados les negaron su derecho al debido proceso. Sus rostros fueron difundidos masivamente por las páginas al servicio de la Señora Sansores en las redes sociales, para que la gente los identificara, especialmente en el caso de la mujer que presuntamente “prendió fuego a los policías”, algo que en realidad nunca ocurrió porque no hubo ni un elemento quemado, sino lesionado.

Se emprendió una furiosa campaña de odio en contra de todos los arrestados, pese a que los campechanos pudimos ver y constatar que a varias de ellas las detuvieron lejos del lugar de los hechos, y sin que se configurara la flagrancia. La sarta de insultos y descalificativos de los bots al servicio del Gobierno, trabajaron como nunca en este sexenio.

Walther Patrón y sus paginitas también incurrieron en daño moral pues calumniaron, difamaron y pisotearon el honor y la reputación de esas personas cuyo único delito es y seguirá siendo, diferir de la versión oficial del Gobierno y tener independencia de criterio y de opinión.

Hubo una probada violencia política en razón de género, porque todos los comentarios misóginos y ofensivos provinieron de las páginas al servicio del Gobierno y de los bots que les hacen el trabajo sucio. No tuvieron piedad para nadie.

Por estas y muchas razones más, creemos que esto no puede quedarse como una simple experiencia amarga más. Las 14 personas que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente deberían demandar a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, a los policías que los arrestaron, al vocero oficial que orquestó toda la campaña en su contra, y a todas y cada una de esas páginas que se ensañaron con ellos (as). No se puede permitir que este Gobierno incurra en estas graves violaciones contra el debido proceso y la presunción de inocencia.

Demandas por daño moral, por incitación al odio y la violencia, y por violencia política en razón de género deberían ser promovidas de inmediato para que este tipo de abusos no se sigan cometiendo y se le de un escarmiento a sus promotores desde el Gobierno del Estado.

Así lo han hecho ellos —la gobernadora, Walther Patrón, Marcela Muñoz— y ahora que su poder va en declive, tal vez ya es hora de que se les pague con la misma moneda, porque ellos sí calumnian, sí difaman, sí incitan al odio y la violencia, sí incurren en daño moral cada vez que pueden. Y ya alguien debería ponerles un alto.