EXPEDIENTE | CONFIRMA LA CORTE: LAYDA MIENTE

Duro golpe propinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la gobernadora Layda Sansores de Campeche el pasado miércoles, al confirmar un amparo a favor del diputado federal Ricardo Monreal Avila y resolver que la mandataria campechana “difundió datos posiblemente obtenidos de forma ilícita, descontextualizados y contrarios al deber de objetividad”.

En otras palabras, mintió deliberadamente la mandataria al acusar a Monreal Ávila de ser un “traficante de influencias”, y difundir en su programa “Martes del Jaguar” el audio de una supuesta conversación con Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo obtuvo Layda Sansores ese audio? ¿Por qué no corroboró la autenticidad del mismo y sí se apresuró a difundirlo?

Las respuestas pueden ser muchas y variadas, pero vamos a quedarnos con la que se ha demostrado de manera reiterada: porque la mandataria campechana miente y recurre a cualquier chicanada, así sea ilegal, en su obsesión de salirse con la suya.
“No es posible concluir –resolvió la Corte— que un alto mando de un Gobierno tiene permitido hacer cualquier tipo de expresión respecto de otra persona, incurriendo en difusión de material cuya procedencia y licitud es cuestionada, y haciendo uso de recursos públicos del Estado”.

En tal virtud, “la gobernadora de Campeche deberá eliminar de redes sociales y plataformas el contenido difundido, donde hizo públicas las supuestas conversaciones entre los dos legisladores”.

“Se confirma que las expresiones no están protegidas. Sin embargo, se modifican los efectos del amparo para eliminar la censura previa: la Gobernadora sólo debe retirar el contenido difundido, sin prohibírsele hacer futuras manifestaciones”, indica el proyecto.
Gran lección dan los ministros de la Corte a la arbitraria gobernanta, al enseñarle que ningún motivo justifica la censura y que tampoco se debe reprimir la libertad de expresión, como ella incurre contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el diario TRIBUNA, a los que pretende prohibir ejercer el periodismo por un lapso de dos años.

Tan contundente fue el golpe que la SCJN propinó a la abusiva mandataria, que apenas concluyó la sesión ordenó a sus matraqueros desvirtuar la noticia para presentarla como “un triunfo” para ella y su equipo de abogados.

“La Suprema Corte revierte el amparo otorgado a Ricardo Monreal a favor de Layda Sansores”, escribieron los voceros oficiosos de la mandataria, que incluso se atrevieron a calificar el resolutivo como histórico y hasta lo bautizaron como “jurisprudencia jaguar”, lo que confirma no solo su analfabetismo jurídico, sino su exaltada soberbia al creer que ni los ministros pueden corregir sus cada vez mas recurrentes desviaciones conductuales.

La verdad fue otra. La Corte resolvió que en Campeche la gobernadora viola las leyes, probablemente recurre al espionaje para atacar a sus adversarios, y no se apega ni a la veracidad ni a la objetividad en los juicios que emite contra ellos.

Es relevante el dato del espionaje, porque los ministros de la Corte concluyeron que Sansores San Román “difunde material cuya procedencia y licitud es cuestionada”, lo que abriría la posibilidad de una investigación exhaustiva que determine el origen de los audios y videos que utiliza contra sus adversarios, la mayoría de los cuales se ha demostrado que son falsos, manipulados o de plano inventados.

Es de esperarse que alguna figura pública exija a la Fiscalía General de la República investigar a la gobernadora por espionaje, ya que se ha dado el lujo de presumir que a través de su nuevo C-5 puede intervenir los teléfonos celulares de todos los ciudadanos.

Debe investigarse también cuanto cuesta a los campechanos el Martes del Jaguar, en el que Layda Sansores difunde material “cuya procedencia y licitud es cuestionada, y haciendo uso de recursos públicos del Estado”. Si hasta los ministros de la Corte se dan cuenta de su desvío de recursos, ¿por qué la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior no han reportado nada al respecto?

Debe destacarse también que en el boletín replicado por sus matraqueros a sueldo, la gobernadora Sansores difundió que “de acuerdo con la SCJN, la protección a la libertad de expresión y al acceso a la información, principios consagrados en la Convención Americana y en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben prevalecer en estos casos, incluso cuando involucran a figuras públicas”.

Qué bueno que lo admite, porque cuando se emiten señalamientos críticos contra ella u otras figuras públicas argumentan “violencia política en razón de género”, “incitación al odio y a la violencia”, “misoginia” y cuando no les queda de otra, se quejan de difamación y calumnia.