EXPEDIENTE | CONDENA UNÁNIME TRAS LA REPRESIÓN LAYDISTA
La noche del pasado miércoles, todo Campeche atestiguó, vía las redes sociales, un nuevo acto de represión del nefasto gobierno de la señora Layda Sansores San Román, con la detención arbitraria, abusiva y violenta del periodista Jorge Luis González Valdez.
Las expresiones de repudio fueron abrumadoramente mayoritarias, con excepción de los medios digitales oficiales y matraqueros a sueldo y al servicio de la represora gobernanta. Sus mentiras e infamias no pudieron obtener el respaldo ciudadano a esa deleznable acción.
El mensaje claro y contundente de la caprichosa mandataria es que no tolera la libertad de expresión. Así lo ha confesado en su asqueroso programa de los martes. A ella solo le gustan los elogios, la lambisconería y el acatamiento servil de sus dictados. Quienes no encajan en ese modelo son considerados sus enemigos y potenciales reos del fuero común.
Es posible que sus manifestaciones de demencia senil no le permitan asimilar que la libertad de expresión jamás será acotada con las decisiones arbitrarias de los gobiernos represores. Ni la cárcel ni las balas han detenido en ninguna parte del mundo la libre manifestación de las ideas ni el señalamiento crítico de la prensa veraz y objetiva. Eso sí, esas violaciones a los derechos humanos han alimentado revoluciones.
Ella, Layda Sansores, y su esbirra, Marcela Muñoz, se han sentido blindadas con la espuria resolución de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Yesenia Guadalupe Tec Ek, quien servil y obediente dictó “medidas de protección” a su favor —ojo, no hay orden de restricción, como falsamente argumentan los voceros del Gobierno—, y también, de manera arbitraria, ordenó “el retiro o la eliminación de las publicaciones que constituyen el odio y violencia política realizadas por el medio de comunicación Tribuna Campeche, a través de su edición impresa y de su página web oficial”.
Pero la esencia de ese inédito resolutivo, que pasará a la historia de los estudiosos del derecho como una colosal aberración, es la orden de “abstenerse de realizar cualquier expresión, comentarios, publicaciones y/o manifestaciones que tengan elementos que constituyan odio y violencia política contra la mujer en razón de género bajo cualquiera de sus modalidades” en contra de Sansores San Román y de Muñoz Martínez.
¿Elementos que constituyan odio y violencia política contra la mujer en razón de género? ¡Recáspita! ¿Qué autoridad decreta cuándo se cometen tales prácticas? Ellos mismos, pero hipócritamente olvidan que quienes están inscritos en el registro nacional de personas violentadoras de género son la propia gobernadora Sansores y al menos tres de sus colaboradores. ¡Qué incongruencia!
La sentencia no deja lugar a dudas: la Fiscalía General, convertida en una moderna inquisición, le prohibió al licenciado González Valdez ejercer el periodismo, al que le ha dedicado más de 50 años de su vida, pero sobre todo, jamás cuestionar la actuación pública de ambas funcionarias.
De eso se colgó este autoritario régimen Sansorista de represión y venganzas, para la violenta detención de Jorge Luis González Valdez. No hubo faltas a la autoridad, ni conducía en estado etílico, ni carecía de licencia y su vehículo sí tenía placas, contrario a lo que inventaron los esclavizados voceros de la repudiable Sansores San Román.
Fue simplemente un acto de venganza, una violenta represión de este Gobierno que, ante la impotencia que lo carcome por la falta de resultados a favor del pueblo, recurre a los escándalos; que ante el auge impresionante de la delincuencia y de la violencia –tres ejecutados en menos de 24 horas—, prefiere abrir la “caja china” violentando los derechos humanos de un periodista que, además, es uno de los más críticos de esta fallida y corrupta Administración.
No valdrá la pena recurrir a las comisiones nacional, y menos estatal, de los Derechos Humanos. Después de que las “mandó al diablo” el Gobierno de la 4T, dejaron de estar al servicio de la ciudadanía y se convirtieron en lavaderos de toda la podredumbre de los gobiernos morenistas, tanto en el ámbito nacional como en los estados.
Esperamos que la presidenta Sheinbaum tome nota de los excesos de su “amiga”, que tanto daño ha hecho a su partido. La repudia el 80 por ciento de la población, y sin duda la cifra crecerá por sus constantes torpezas, abusos y caprichos. El pueblo se cobrará estas afrentas de manera masiva en las urnas. Al tiempo.