DETECTA ASECAM DESFALCO SUPERIOR A LOS 93 MDP EN SALUD EN EL 2022, EN PERIODO DE LILIANA MONTEJO; ¿#LAYDA EXIGIRÁ SANCIÓN?
Desvíos de recursos por más de 93 millones de pesos en programas como el de VIH-SIDA, detectó la Auditoría Superior del Estado de Campeche a la Secretaría de Salud que dirigió Liliana Montejo León, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
Como ya venció el término de ley para subsanar las observaciones y recomendaciones de este desfalco millonario, se esperan las denuncias ante Tribunales Administrativos y, en su caso, a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
El informe de la Asecam Campeche reveló inconsistencias, pliegos de observaciones, procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y recomendaciones a esa Secretaría, ante lo cual se investigarán y sustentarán por el área jurídica de la Auditoría del Estado.
Esta sección es la encargada de presentar las denuncias ante los Tribunales Administrativos del Estado y, en su caso, denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Estado de Campeche.
Fueron 93 millones 480 mil 395 pesos los revisados por la Asecam al Presupuesto de Egresos 2022 de la Secretaría de Salud, bajo titularidad de la doctora Montejo León.
Observaron desvíos de recursos como en el programa de VIH-SIDA, los cuales están etiquetados, y en su lugar se usaron para comprar cubrebocas.
También, que se excedieron montos en el pago de sueldos y salarios, los cuales no corresponden con el tabulador, y la contratación de 118 personas a las que se les tuvo que crear plazas.
El exceso fue el gasto injustificado para pagar 22 millones 814 mil 658.62 pesos por concepto de remuneraciones a personal que se localiza en la nómina, pues pagaron a quienes desempeñaron dos empleos, por lo tanto, se presume la existencia de incompatibilidad de horarios.
Pero no esto, porque también se observa el pago de 29 millones 978 mil 676.80 pesos en medios de comunicación, por concepto de servicios de televisión, radio y notas periodísticas, que no se justifican porque no hay evidencia fehacientemente de que los servicios pagados sean consecuencia de la difusión de las actividades, conforme a los programas en materia de salud que la entidad fiscalizada haya realizado durante el ejercicio fiscal 2022.
Cortesía: La Barra.