¿ACUSARÁ LAYDA DE INCITACIÓN AL ODIO A MILES DE CIUDADANOS POR CRITICAR SUS EXCESOS DE PODER?
Usuarios molestos reaccionan en redes sociales luego de que se evidenciara que, pese a ser una obligación federal, durante los últimos cuatro años la mayoría de las dependencias estatales encabezadas por la administración de Layda Sansores no han publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia los resultados de las auditorías que se les han practicado. De acuerdo con información de El Universal, la omisión fue detectada tras una revisión realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que incluso áreas clave como la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana prácticamente no registran auditorías difundidas desde 2021.
Ante este escenario, usuarios realizaron comentarios críticos dirigidos al poder político en Campeche, en los que cuestionan el manejo de la información pública y la forma en que se ejerce la autoridad. Entre burlas e ironías se leen frases como “La van a resguardar por cinco años como seguridad nacional”, en alusión a la opacidad gubernamental, así como cuestionamientos directos del tipo “¿De qué sirve una plataforma de transferencia cuando el criminal la puede bloquear?”. Otros mensajes señalan el ejercicio del poder con expresiones como “Eso sí es tener poder y no chingaderadas jajajaja”, acompañadas de críticas al discurso de que el actual gobierno “es diferente”.
El tono de molestia escala cuando aparecen expresiones más severas. Algunos mensajes califican a la autoridad como “una vergüenza” y se preguntan cómo fue posible que llegara al cargo, mientras otros señalan que “no pasa ni una semana sin que nos enteremos de una u otra cosa desagradable, abusiva o delictiva de algún servidor público”. La percepción de abuso y cinismo se repite en comentarios que aseguran que las viejas prácticas políticas continúan, solo que ahora “más cínicos y autoritarios”, desmontando la narrativa oficial de cambio.
La crítica también se dirige a la falta de transparencia y a la supuesta protección desde las más altas esferas del poder. “Con el visto bueno de la presidenta”, se lee en uno de los mensajes, mientras otro recuerda la frase “No hay jugosos negocios sin que el presidente dé el visto bueno”. El hartazgo se resume en expresiones como “¿Pos no que son diferentes?”, “esa es la transparencia de la deformación de cuarta” y “no les compro ni el bendito a ninguno”, reflejando una profunda desconfianza hacia la clase política.
Algunos ciudadanos exigen que estos señalamientos se aborden en espacios oficiales, con mensajes directos como “hable de esto en su famosísimo martes de jaguar” o insinuaciones de que la información se esconde “guardando archivos con otros nombres”. Incluso hay quienes anticipan consecuencias legales futuras y advierten que el desgaste político es evidente. En medio de esta avalancha de opiniones surge la interrogante central: si estas expresiones de burla, enojo y crítica abierta, emitidas por miles de ciudadanos, podrían ser etiquetadas como “invitación al odio”, no por promover violencia, sino por exhibir y cuestionar sin filtros al poder en turno.
