EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026
YAHARI BRITO, 3 MESES PRESA SIN PRUEBAS.
Tras las protestas del Día Internacional de la Mujer, Layda Sansores ordenó la detención injusta y arbitraria de la activista Yahari Itxel Brito Brito. Pese a no haber participado en los actos violentos del 8 de marzo, permaneció tres meses en el Cereso de Kobén, privada de su libertad, mientras esperaba que la prostituida y servil Fiscalía General presentara pruebas contundentes en su contra.
Eso nunca ocurrió. Los derechos humanos de Yahari Itxel Brito fueron pisoteados por el autoritario Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. Su persecución política generó indignación entre loscolectivos feministas porque al momento de su detención estaba embarazada, recibió amenazas del personal policiaco de Marcela Muñoz Martínez y luego fue encarcelada en condiciones precarias.
Gracias a la fuerte presión de las redes sociales y al perseverante trabajo legal realizado por sus abogados, Layda Sansores tuvo que recular, parar su sed de venganza y dejar de poner en riesgo la salud de Yahari y de su bebé. Aún sigue en espera de que las titulares de la Codhecam y del Instituto Estatal de la Mujer, Ligia Rodríguez y Vania Kelleher, emitan un pronunciamiento sobre su abusiva e injusta detención, pues su proceso legal aún continúa. Estaremos pendientes.
CODHECAM FALLÓ A FAVOR DE LOS POLICÍAS.
Finalmente, después de dos años y medio de ocurrido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche emitió un resolutivo sobre el fallido operativo en el penal de Kobén, confirmando que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos de los policías, negligencia en el mando —de Marcela Muñoz Martínez— y violencia institucional contra las mujeres policías.
El dictamen de la Codhecam concluye que sí se violaron los derechos humanos de los policías, que hubo fallas estructurales en la planeación del operativo y que se vulneraron directamente la integridad física y la dignidad de los policías. Además, responsabiliza directamente a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y a sus mandos operativos directos.
La Codhecam ordenó también la reparación integral de los daños ocasionados a los agentes agraviados, pero casi todos fueron despedidos injustamente por la gobernadora Layda Sansores y siguen sin recibir su respectiva liquidación. Por último, la Codhecam ordenó el inicio de procedimientos administrativos y penales contra las autoridades responsables, pero ¿lo acatará la abusiva gobernanta?
