OPINIÓN: CONTRATOS, PODER Y OPACIDAD, EL ENGRANAJE POLÍTICO EN CAMPECHE | Por Daniel Lee
La Opinión de México
En Campeche no sólo se gobierna: se administra poder político, influencia económica y control institucional.
Bajo la administración de Layda Sansores, el estado se ha convertido en pieza clave de un entramado político–empresarial vinculado al senador Adán Augusto López Hernández, donde los contratos públicos, los vínculos familiares y el manejo discrecional de recursos sociales configuran un esquema que plantea serias dudas sobre la transparencia del ejercicio gubernamental.
Lo que emerge de documentos oficiales, registros de transparencia y adjudicaciones estatales siguen un patrón: asignaciones millonarias concentradas en un reducido grupo de empresas, operadores recurrentes y una estructura que, lejos de debilitarse, continúa expandiéndose bajo la protección del poder político.
EL NEGOCIO DEL GASTO SOCIAL
El núcleo del esquema es particularmente sensible: programas dirigidos a sectores vulnerables.
Despensas, suministros hospitalarios, apoyos alimentarios para menores y asistencia social se han convertido en el principal canal de flujo de recursos públicos hacia un conjunto de empresas vinculadas entre sí.
La red opera mediante firmas tabasqueñas que han recibido miles de millones de pesos en contratos estatales en distintos estados del país. El eje de esta estructura es el empresario Hugo Miguel Pignola Palma, identificado como socio político de López Hernández y operador clave en la conexión entre empresas y gobiernos.
Entre 2023 y 2024, estas compañías acumularon más de 1,800 millones de pesos en contratos públicos; en 2025 obtuvieron otros 1,700 millones adicionales. El mecanismo se repite: adjudicaciones directas, concentración de proveedores y presencia simultánea en diversas entidades.
El gasto social —diseñado para reducir desigualdades— aparece así transformado en una fuente sistemática de negocio.
CAMPECHE COMO PLATAFORMA DE OPERACIÓN
En este entramado, el gobierno de Campeche destaca como uno de los principales facilitadores.
Registros oficiales muestran que la administración estatal otorgó contratos por decenas de millones de pesos a empresas del grupo para el suministro de alimentos y apoyos sociales. Sólo en 2025, una de estas compañías recibió 88 millones de pesos, monto que se suma a adjudicaciones previas.
El elemento más delicado es la participación del DIF estatal, encabezado por Mario Carrasco, sobrino político de la gobernadora, quien habría autorizado contratos a empresas vinculadas a la red.
La presencia de familiares en procesos de adjudicación pública no es un detalle menor. Revela un esquema donde las fronteras entre interés público, poder político y relaciones personales se diluyen peligrosamente. El resultado es una concentración de decisiones que reduce la competencia, debilita controles institucionales y abre espacios para el uso discrecional de recursos.
EL BLINDAJE POLÍTICO: CONFRONTAR PARA GOBERNAR
El funcionamiento del esquema no puede entenderse sin el contexto político que lo rodea. La administración de Sansores ha adoptado una relación abiertamente confrontativa con periodistas, medios críticos y actores opositores.
Los ataques verbales desde plataformas oficiales, las descalificaciones públicas y el hostigamiento discursivo contra voces críticas no son simples exabruptos políticos: constituyen un mecanismo de control del debate público.
Cuando el poder confronta sistemáticamente a la prensa, el mensaje es claro: cuestionar tiene costos. El efecto inmediato es la reducción del escrutinio, el debilitamiento de la rendición de cuentas y la consolidación de un entorno donde las decisiones administrativas operan con menor vigilancia pública.
UN ESQUEMA QUE REBASA A CAMPECHE
El caso no se limita a una sola entidad. En Tabasco, Chiapas e Hidalgo se repite el mismo patrón: contratos millonarios para empresas vinculadas, operadores comunes y expansión sostenida mediante recursos públicos.
En Chiapas, una sola empresa del grupo recibió más de 778 millones de pesos; en Tabasco, el presupuesto de salud ha financiado contratos por suministro de alimentos y servicios hospitalarios; en otras entidades se replican adjudicaciones similares.
Lo que se observa es una estructura regional con capacidad de operar simultáneamente en distintos gobiernos estatales, articulada por intereses políticos y económicos convergentes.
PODER INTACTO, INSTITUCIONES DEBILITADAS
El caso Campeche ilustra un fenómeno más profundo: la persistencia de redes de poder que sobreviven a cambios políticos, se adaptan a nuevas administraciones y mantienen control sobre el flujo de recursos públicos.
La continuidad de contratos millonarios, la reiteración de proveedores y la participación de operadores cercanos al círculo político del senador López Hernández evidencian que la estructura permanece activa y protegida.
En este escenario, el gobierno estatal no aparece únicamente como administrador de políticas públicas, sino como pieza central de un engranaje donde confluyen intereses políticos, beneficios económicos y control institucional.
El flujo de recursos continúa. Los contratos se renuevan. Las relaciones se mantienen. Y mientras tanto, la transparencia sigue siendo la gran ausente.
