EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 02 DE FEBRERO DE 2026
SE ENTREGÓ SEGURIDAD A DELINCUENTES.
Retomemos el tema con el que cerramos la semana anterior. La campaña de Layda Sansores habría sido financiada con dinero del huachicol fiscal, versión que crece porque la campaña la coordinó Adán Augusto López Hernández, presunta cabeza del grupo cr¡m¡n@l huachicolero La Barredora. En agradecimiento, Sansores habría aceptado replicar aquí el mismo esquema criminal con el que ese cartel opera en Tabasco, utilizando a la misma policía estatal.
De esa manera Campeche tendría a su Bermúdez Requena, versión momia de Guanajuato, que es quien facilita la operación a ese grupo cr¡m¡n@l utilizando todos los equipos de seguridad de que dispone el estado. No olvidemos que ella dirige las tres instituciones responsables de la seguridad: Policía, Fiscalía y C5. Se dice también que esta persona encubre los campos de entrenamiento de comandos armados que se han reportado en el sur de la entidad, con los cuales La Barredora controla totalmente las elecciones en el segundo distrito federal electoral.
Y como toda esta información es muy, pero muy delicada, cualquier denuncia que se hace se turna a un Poder Judicial corrompido hasta la médula por el chilango Pedro Alcudia, quien se encarga de judicializar carpetas de investigación basadas en “denuncias anónimas” para encarcelar a periodistas, críticos, opositores y disidentes. El caso más reciente que ilustra esta podredumbre fue el del exrector José Alberto Abud Flores. ¿Quién será su próxima víctima?
PEOR AÚN, TAMPOCO HAY JUSTICIA.
Para corromper a nuestra policía estatal, que durante años se había procurado mantener saneada, se despidió a la gran mayoría de los elementos aprovechando aquel levantamiento de protesta por los malos tratos que recibían de la titular de esa secretaría, se trajeron directivos foráneos y se instauró un “nuevo orden” en esa corporación, que protege más a los delincuentes que a los ciudadanos.
Es frecuente leer denuncias ciudadanas como la que circula ahora en redes contra de la policía municipal de Champotón, de una persona detenida en un improvisado retén y que resulta víctima de extørs¡ón y m@ltratø. Preocupa que acuse que haya complicidad entre gendarmes y jueces, porque se deja a los ciudadanos en total indefensión. “Esto no es autoridad, es robo con uniforme”, afirmó el agraviado.
Lo peor es que las quejas de la sociedad campechana chocaron con una jaguara sorda y se han tenido que acostumbrar a vivir con esta creciente inseguridad, en la que ya no saben quién los va a violentar, si los delincuentes, los policías, o ambos. Y si están de acuerdo los criminales con las autoridades, además de la seguridad hemos perdido la justicia. ¿Qué sigue?
