EXPEDIENTE | REPRESIÓN CONTRA CASI 100 POLICÍAS

“No hubo represión, no hubo un golpe”, aseguró la nefasta, corrupta y autoritaria gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, al referirse, en son de burla, a la decisión razonada de los policías estatales, de poner fin al movimiento de protesta que realizaron durante más de 104 días.

Tuvieron que transcurrir más de 13 días, luego de que los sublevados anunciaran oficialmente el fin de la protesta, para que la senil mandataria les respondiera oficialmente y que sus subalternos accedieran a recibir el edificio.

Fueron 13 días —casi dos semanas— en que los emisarios de la corrupta y negligente Marcela Muñoz Martínez tuvieron tiempo suficiente para ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para hacer sus desmanes, robar todo tipo de documentación —incluyendo los lentes de la guanajuatense—, y después achacarle las culpas a los elementos rebeldes. Así operan los traidores.

La mentirosa mandataria sostuvo en su programa del pasado martes, que “no hubo represión” contra los manifestantes, pero contradictoriamente detalla que de los “422 casos de los que nunca se presentaron y que tenían también algunos antecedentes”, es decir, de esa totalidad de elementos que se sublevaron, se integraron carpetas de investigación contra 117.

Citamos de manera textual: “Y de los 117 se logró rescatar a 21 porque cuando ya está muy avanzado el proceso ya no es posible echar marcha atrás, así que los demás quedan dados de baja, serán como unos 70 y tantos más o menos. Esos compañeros ya no podrán volver a ser policías, y ese es el costo, lo lamentamos porque hubo uso y abuso de su buena fe y se politizó el movimiento y eso es lo que no puede pasar”.

Si Pitágoras hubiera intervenido en el discurso de la senecta Layda Elena, nos hubiera precisado que 117 menos 21 es igual a 96, que es la cantidad exacta de elementos que fueron dados de baja por haberse atrevido a rebelarse contra su amada Marcela. Es falso que la mayoría tuvieran antecedentes negativos, pues la totalidad de las “mujeres valientes” que fueron cesadas arbitrariamente, tenían su expediente completamente limpio.

Se trató, pues, de una clara y abierta represión gubernamental en contra de la disidencia, la crítica y el derecho a la libre manifestación. No incurrieron los policías sublevados en ninguna violación a la ley, pues tanto las instalaciones, como los equipos e incluso el armamento que se encontraba en la sede oficial de las SPSC, fueron resguardados con la presencia de notarios públicos.

En contraparte, las corruptas Layda Sansores y Marcela Muñoz enviaron a sus personeros a recibir el edificio sin la presencia de una representación de los inconformes, y sin los notarios públicos que dieron fe de la toma el día que inició la protesta. Por eso cometieron los desmanes, robos y saqueos de que ahora acusan a los manifestantes, a quienes amenaza con proceder legalmente.

Sansores San Román presentó un video a conveniencia en que resume las ilegalidades que, según ella, se cometieron durante los 104 días en que la SPSC estuvo en manos de los rebeldes.

“Se vulneraron áreas estratégicas —señala el video— con información confidencial y sensible, así como documentos y equipos utilizados para salvaguardar la seguridad del Estado e irrumpieron en todas las oficinas, violaron y vandalizaron cerraduras, escritorios y archivos que no tenían nada que ver con la manifestación de los policías”.

“Con la presencia de notarios públicos y la Fiscalía, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana ha iniciado la elaboración de las denuncias por los delitos de uso indebido de información confidencial, delitos contra la seguridad de la información, acceso ilegal a sistemas informáticos de seguridad y violación a la intimidad personal, ya que se sustrajo información sensible y clasificada de víctimas, así como también de información sobre investigaciones en curso”.

“Se denunció de igual manera robo clasificado y robo simple, muchas patrullas y equipos se recibieron en mal estado, presentando evidencias de haber sido vandalizadas, chocadas o con llantas ponchadas sin baterías y otras refacciones, muchas motocicletas también presentan afectaciones similares”.

“Una manifestación pacífica no debe poner en riesgo a la ciudadanía o privándola de la seguridad ni comprometer los edificios y equipos que se usan para mantener la paz. No debieron usar esa manifestación como pretexto para cometer delitos ni actos vandálicos, ellos como policías debieron respetar y resguardar las áreas con información sensible y no debieron permitir el acceso a personas ajenas a la Secretaría que hoy presuntamente tienen la capacidad de hacer uso ilegal de la información confidencial, lo que representa faltas y delitos graves”.

“En las investigaciones se tiene evidencia del ingreso de vehículos oficiales de partidos políticos y funcionarios, al menos uno de ellos ha sido identificado sacando archivos con información clasificada”.

“Esta manifestación se usó con fines políticos y electorales poniendo en riesgo la seguridad de la entidad. Se realizará una investigación a fondo y se deslindarán las responsabilidades correspondientes. No debe tomarse a la ligera la sustracción de documentación de un edificio estratégico para el Estado”.

A todas luces puede apreciarse que se trata de un documento abrumadoramente subjetivo, vago, impreciso y con afirmaciones sin la contundencia de una prueba.

Afirman por ejemplo: “Muchas patrullas y equipos se recibieron en mal estado… muchas motocicletas también presentan afectaciones similares”, pero no precisan cuántas son, ni cómo estaban antes del paro. ¿No pudieron contarlas? ¿No hubo fe notarial del hecho con datos precisos y concretos? ¿O se trata de acusar por acusar?

Parece que el temor, pánico, pavor y terror de las corruptas Layda Sansores y Marcela Muñoz, es que esa “información clasificada”, “sensible”, “confidencial” o “estratégica” a que tanto hacen referencia en su escrito, en realidad se trate de las pruebas de todo el latrocinio que ha cometido la criminal guanajuatense en esa dependencia, y por eso, porque saben que tarde o temprano saldrán a la luz, ya intentan curarse en salud. Son corruptas.