Ley de justicia cívica de Layda, usurpa funciones del ayuntamiento
Con la propuesta de Ley de Justicia Cívica que la gobernadora Layda Sansores San Román, envió al congreso local para su aprobación, se violentaría -una vez más- la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al usurpar funciones del Ayuntamiento.
Y es que esta Ley de Justicia Cívica pretende sancionar aquellas faltas administrativas que se encuentran consideradas en el “Bando del Policía y Buen Gobierno” del Ayuntamiento de Campeche como el vertimiento de aguas jabonosas a las calles, la pinta de bardas, y hasta el pedir limosna; violando así el artículo 115 de la Carta Magna, en su fracción II, donde se establecen las facultades de los gobiernos municipales autónomos pues textualmente cita:
“Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.
Leyes que aparentemente la gobernadora pasa por encima con el fin de cumplir una “ocurrencia” o “capricho” de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz Martínez.
Esta propuesta de Ley fue emitida a menos de dos meses de que la mandataria estatal entregó el “Juzgado Cívico” que ordenó construir Marcela Muñoz como parte de una ocurrencia más, sin que haya un marco normativo, el cual le corresponde emitir al gobierno municipal y no al estatal.
