Expediente: 25 junio de 2023

TRANSPORTE, REFLEJO DE PÉSIMO GOBIERNO

En paraderos del mercado, esquinas de las colonias populares y en unidades habitacionales, barrios y fraccionamientos, el comentario generalizado de la ciudadanía es que nunca había sido tan pésimo servicio de transporte urbano de pasajeros, como el que se presta en estos años del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román.

Lo peor es que no se ven deseos de solucionar la problemática. Y ejemplifican. Primero fueron los taxistas que con frecuencia se negaban —y se siguen negando— a dar el servicio a los pasajeros al destino que solicitan. Excusas sobran, “para allá no voy”, “ya voy a entregar la unidad”, “en esa colonia roban y matan”, “ya se acabó mi turno”, etcétera. Peor aún, de nada sirvieron las quejas de los ciudadanos ante el Instituto Estatal del Transporte (IET) para obligar a los ruleteros a cumplir con sus obligaciones.
Después fueron los camiones urbanos, que en vez de atender la demanda del servicio, no sólo redujeron la flotilla, sino que arbitrariamente dejaron de trabajar a las nueve de la noche, y no a las 10, como establecen sus permisos y concesiones. Cientos de familias son afectadas al dejar de tener opciones de transporte para regresar a sus hogares.
De eso también recibió notificación el IET, pues hubo cientos de denuncias en redes sociales y medios de comunicación. Perversamente la autoridad se negó a intervenir. ¿La razón? Son varias, pero coincidamos en que sacan a relucir ineficiencia, ineptitud y desidia para ocultar el valemadrismo e hijueputez de los responsables de este importante rubro, lo que lleva a suponer que buscan que el problema reviente para justificar la entrada del grupo ADO.
Así operaron con el servicio de transporte a Hampolol, San Francisco Kobén, Bethania y Chemblás. Con suficiente antelación, como establece la Ley del Transporte, el Ayuntamiento de Campeche, que cubría esa ruta con el Transporte Urbano Municipal, anunció que cedería la concesión —se la devolvería al IET— y emplazó a la autoridad a publicar convocatorias y licitaciones para otorgarla a empresas interesadas.
Pero Raúl Cárdenas Barrón, director del IET, se hizo pato. Llegó el día en que el Ayuntamiento dejó de dar el servicio, y el IET no había encontrado quien supliera esa ausencia, por lo que envió unidades en mal estado, que daban pésimo trato a los usuarios, y el problema quedó pendiente.
Y sigue pendiente. Pues las empresas que atienden la ruta, se retiran al ver que no hay garantía ni seguridad de que se quedarán con la concesión. Que cualquier día les pedirán se retiren, y al carajo la inversión. ¿Porqué Cárdenas Barrón nunca emitió la convocatoria para otorgar la concesión, como marca la ley? Podría pensarse que por inepto e ineficiente, y al verlo pareciera que por senil y tontejo.
Pero queda claro que recibe órdenes del cuarto piso, y que si bien tiene que solucionar los problemas que le competen, también necesita autorización superior del plan a seguir. Y no deja de llamar la atención que privara del servicio a las comunidades rurales del Municipio de Campeche. ¿Se trataba de dejar mal a la alcaldesa Biby Rabelo? ¿O de justificar la entrada de Mobility ADO?
El pasado lunes vimos las consecuencias del mal manejo del IET —así haya sido adrede—, cuando los afectados por esa falta de servicio, bloquearon la carretera federal a la altura de San Francisco Kobén, provocando daños incuantificables a cientos de personas.
Lo peor es que el problema se puede repetir, porque Cárdenas Barrón —por instrucciones superiores—, se sigue negando a resolver. A ninguna de las empresas que han entrado a esas rutas les quiere garantizar seguridad de nada, ni siquiera les ofrece la posibilidad de darles la concesión.
Son sólo dos reflejos del pésimo estado en que se encuentra el transporte de pasajeros en la entidad. Hay mal servicio en la capital, y la peor atención se da en las comunidades rurales, sin que exista algún plazo tentativo para que el IET resuelva el problema en definitiva. Los ciudadanos están pagando los platos rotos del Gobierno del Estado, responsable de concesionar y vigilar la prestación adecuada del servicio.
Por eso no es descabellado suponer que el objetivo real del Gobierno de Layda Sansores, es provocar el hartazgo ciudadano para que repudien el servicio que prestan las sociedades cooperativas que operan el sector desde hace varias décadas, para ceder ese lucrativo negocio al grupo Mobility ADO, cuyo señuelo es su propuesta de modernización.
El IET, la gobernadora y sus asesores pretenden colapsar el sector, para justificar la entrada emergente del grupo ADO, que con espejismos y espejitos de oropel, primero se apoderarán del servicio, luego lo monopolizarán, para así tener la libertad de clavarle a la ciudadanía las tarifas que se les pegue la gana. De ahí mismo saldrán las “mochadas” para la “gente del Gobierno” que los ayude a quedarse con todo el pastel.
Y todo esto se llama corrupción. Grave corrupción de quien prometió acabarla.

¿NEPOTISMO O INTERESES DEL SESO LOCO?

La torpeza cometida por Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores el pasado martes 13 de junio, en los accesos al estacionamiento subterráneo del Palacio de Gobierno, donde se ofreció como “mediador” para atender el conflicto con los transportistas, puede verse desde al menos tres ángulos, ninguno de los cuales lo favorece.

Acudió como emisario de su tía. Esta posibilidad confirmaría que Seso Loco es quien está detrás de todas las malas decisiones de su tía la gobernadora. Reafirmaría también, que es el más beneficiado con que Layda Elena se pase todo el tiempo que quiera en la Ciudad de México o de vacaciones en cualquier parte del mundo. Es el que llena el vacío que deja la mandataria en las reuniones de gabinete, en los acuerdos con los titulares de las dependencias, directores, integrantes del gabinete ampliado, etcétera. A “nombre de la tía” decide a quién se le asignan contratos de obra pública, proveeduría, publicidad, servicios, etcétera, además de acordar los moches. En suma, el sobrino es el que acuerda los negocios sucios.
Acudió como funcionario de Gobierno. Hay versiones que sostienen que la base del Seso Loco está en la Secretaría de Gobierno, que cobra como subsecretario, pero que opera con poderes plenipotenciarios, muy por encima de los de su titular, el florero chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, quien sabe a la perfección que lo están ninguneando, desplazando y pendejeando, pero se excusa en que “ya entregué mi renuncia por escrito tres veces”, y cree que con eso salva su dignidad. Pero aquí el problema no es Aníbal, sino el Seso Loco, pues si en efecto está asignado en la nómina pública, entonces su tía la gobernadora incurre en nepotismo. Fue pública la intromisión de su sobrino en el lío con los transportistas, además de que él mismo ordena a sus amanuenses subir en sus redes sociales fotos donde se le ve en reuniones con líderes de colonias, aspirantes a cargos de elección popular, periodistas cómodos, exfuncionarios públicos, etcétera. Ya los diputados de MOCI advirtieron que van a denunciar este evidente caso de nepotismo, para confirmar que el Gobierno de Layda Sansores es corrupto.
Intervino como interesado en la sociedad con el grupo ADO. Aún no se ha precisado la razón del acendrado interés del Gobierno de Layda Sansores San Román para ceder al grupo ADO todo el control del transporte urbano, pero muchos afirman que es el propio Gerardo Sánchez, “Seso Loco”, el que está alentando esa propuesta con la intención de armar un cacicazgo como el que tuvo su abuelo. En los videos donde se le observa negociar con el grupo de transportistas, insiste en buscar una salida consensada al problema. Para ello se ofrece como mediador y los invita a que lo visiten en sus oficinas de Palacio de Gobierno. ¿En calidad de qué? ¿De sobrino de la tía? ¿De funcionario de Gobierno? ¿De socio del grupo ADO? Basta recordar cómo se hizo de propiedades y bienes toda la familia del Seso Loco, para suponer que sus intenciones son las mismas: hacerse de un negocio que le reditúe para siempre. La corrupción la lleva en la sangre.
Por eso tienen razón todos los partidos políticos de oposición y grupos parlamentarios en el Congreso del Estado. La corrupción que impera en este Gobierno, no sólo es evidente, sino que descarada y cínica, peor que la que constatamos en administraciones pasadas, en que por lo menos, disfrazaban al saqueo con algunas obras de relumbrón que sellaron el paso de esos personajes por la titularidad del Ejecutivo Estatal. Antonio González, al malecón; Jorge Carlos, los centros de convenciones de Campeche y Carmen; Fernando Ortega, el drenaje pluvial; Alito Moreno con el distribuidor vial y las fuentes marinas, por citar sólo algunos ejemplos. ¿Qué ha hecho Layda Sansores para que la recuerde el pueblo de Campeche?
Empoderar a su sobrino Seso Loco para tomar decisiones a su nombre en el interior de la administración pública estatal, y negociar en el exterior en cualquier oportunidad de negocio que se pudiera presentar, no refleja honestidad ni buenas intenciones de la mandataria.

CÓMO LA OBLIGÓ A RENUNCIAR

—Ring, ring, ring, sonó el celular de la secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado, Xóchitl Pitzahuátl Mejía Ortiz. Tenía poco más de una hora de haber llegado a sus oficinas. Era la mañana del martes 30 de mayo. —Sacó el aparato de su bolsa, observó en la pantalla el nombre de quien le hablaba, y expresó: Dígame gobernadora, en qué puedo serle útil.

—En que limpies tu oficina y te largues. Le haz roto la madre al presupuesto. Te robaste todo lo que pudiste. Explícale a Contraloría y Finanzas qué hiciste y zanja los pendientes.
El rostro de Mejía Ortiz enrojeció. A lo mejor no esperaba que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román la tratara de esa manera, aunque sabía que era investigada por indicios de malos manejos en los programas, desvíos de recursos y sustracción de bienes.
Quiénes estaban cerca de la funcionaria sabían con quién hablaba desde el inicio de la conversación. Había respondido dígame gobernadora. Por el color de su semblante y el tartamudeo de sus respuestas, imaginaron que estaba en malos términos con ella. Confirmaron su suposición cuando sostuvo a su interlocutora que no se iría.
—Tendrás que venir a sacarme. Sabes que sé muchas cosas, y sabré responderte, farfulló encolerizada, y cerró la comunicación de su celular. ¿Qué tanto sabe, y a quiénes involucra? ¿Quiénes serían los damnificados si la veracruzana cumple su amenaza? ¿Familiares de la gobernadora?
Esa misma tarde, Sansores San Román llamó a su casa a la diputada pintabardas morenista Liz Hernández Romero, le solicitó pedir licencia y tomar la Secretaría del Bienestar. Le informó del faltante millonario cometido por la esposa del presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarían, y la necesidad de cuidar las formas para evitar el escándalo.
Nos aseguran que las discrepancias con Xóchitl Pitzahuátl databan de pocas semanas atrás, que a través de terceros la había conminado a poner en orden expedientes y devolver el faltante que acusaba su administración. Pero confiaba en que sabía demasiados detalles comprometedores de la mandataria, suficientes para no ser expulsada de la Administración. Pero no.
La rabia le ponía la cara del color de su tinte de cabello, por la gravedad del abuso de Xóchitl Pitzahuátl. No podía perdonarla como a Luis Humberto López López —que sigue desfalcando el Indajucam, ahora sí con el permiso de su patrona—, ya no le tenía confianza.
Hernández Romero oralmente solicitó en la sesión del miércoles del Congreso del Estado separarse de la diputación por tres meses, sin aclarar los motivos, pero luego en la redacción del permiso se leía que era definitiva su salida. Aunque una primera versión apuntaba a su enriquecimiento inexplicable para edificar y equipar su nueva casa de playa en San Lorenzo, los rumores de su nuevo destino empezaron a filtrarse en las primeras horas de la noche.
En la mañana del jueves arribó a las oficinas de la Sebien a tomar posesión de las oficinas, y se topó con la negativa de entrega de Mejía Ortiz. Entonces se inició el operativo de defenestración con el que Layda Sansores había amenazado a la veracruzana. Se apreció la inmediatez de reacción de las dependencias involucradas, que no se les ve cuando cuelgan narcomantas o ejecutan a alguien.
En menos de una hora, como perros hambrientos, estaban en el lugar auditores de las secretarías de la Contraloría y de Administración y Finanzas, apoyados con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado.La aplicación de la advertencia había empezado. Y llegó la pregunta: ¿resignación o consignación?
Mejía Ortiz salió, se asegura, por una puerta trasera, callada, fúrica y con lagrimas en los ojos. Firmó por las buenas, aunque no devolvió nada de lo que se llevó. Los emisarios de Sansores habían cumplido con la misión que les encomendaron. Ya se encontraba Hernández Romero al frente de la Sebien.
La confirmación de la remoción obligada la daría el jueves 8 de junio su pareja, el también veracruzano diputado plurinominal y presidente del Congreso del Estado, Alejandro Gómez Casarín, otra piedra de escándalo por sus excesos, desaciertos y oscuro comportamiento.
Desmintió a Sansores de la justificación de que Xóchitl Pitzahuátl había sido removida por problemas de salud —como también hizo con Eutimio Sosa y Beatriz Sélem—, al confirmar que estaba sujeta a auditorías por faltantes de dinero, y aseguró que esperaría el resolutivo para determinar qué procede.
¿Qué pretende ocultar la Administración laydista en el asunto de la Secretaría del Bienestar? ¿Por qué no alumbra a los campechanos sobre el desfalco, desvíos, fraude u otros abusos? Se habla de quiénes estarían implicados en el manejo operativo para tomar indebidamente recursos de la Sebien, e incluso se involucra al sobrino de un exgobernador.
¿A cuánto asciende lo sustraído? Estiman que son decenas de millones de pesos, y que su recuperación será muy difícil, sobre todo tomando en cuenta que Mejía Ortiz no tiene asiento en Campeche, lo mismo que su pareja. Tal vez podrían adelantar su partida para no enfrentar a la justicia, y no devolver lo sustraído, aunque hay observables razones personales para no ser afirmativo.
El silencio de la Administración laydista confirmaría que los recursos distraídos no regresarán a las arcas de las finanzas de la entidad. Está siguiendo el Manual de Desfalcos que rige el actuar de los morenistas, mayormente observado en Palacio Nacional: protección a sus deshonestos es la base, para que no pringue el lodo.
Están como ejemplos los fraudes en Segalmex, por más de 15 mil millones de pesos; la Secretaría de Educación Pública, por más de 80 millones de pesos y la desaparición de los fideicomisos, sin saberse el destino de miles de millones de pesos.
Aún más, no se aplica la ley en las denuncias de malos manejos y fraudes en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuando la presidió la hoy gobernadora Sansores San Román, y en la que se involucra a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores y su jefe de la Unidad de Comunicación, Walther David Patrón Bacab. Hubo recordatorio la semana antepasada. Ese es el morenismo y los morenistas.

HAY PÓLVORA EN EL CAMPO

Después de la exhibida a la gobernadora Layda Sansores San Román, que en 2022 anunció que este año el fertilizante sería gratuito para todos los campesinos, y no cumplió, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario puso en marcha la distribución del insumo, pero en beneficio de morenistas. No se miden. Y no miden. Así son de cínicos y mentirosos.

De esta manera, a la mentira se le agrega el tinte político y partidista a la aplicación del programa, lo que dirigentes campesinos califican como burla y provocación, y han advertido que llegarán hasta las últimas consecuencias para transparentar el manejo de recursos, que al menos en Dzitbalché, incluye el pago a una empresa particular.
La mano operativa de Desarrollo Agropecuario, a cargo del expriísta Ramón Gabriel Ochoa Peña, ejecuta esta injusticia en los Municipios con vocación productiva, como ocurrió el antepasado martes en Bacabchén, Dzitbalché.
A esa comunidad llegó una comitiva a entregar fertilizante a supuestos beneficiarios del Programa de Producción para el Bienestar, y en la lista aparecieron 25 morenistas, entre ellos el papá y el cuñado del regidor Rafael Aké Mukul.
Cada beneficiario “fantasma” se llevó 24 bultos sin desembolsar un centavo, gracias, denunciaron productores, al cobijo del alcalde Roberto Herrera Mas. Los verdaderos labriegos tuvieron que pagar 425 pesos por cada saco. ¿Es esa la justicia que pregona la 4T a favor del campesino?, ¿qué autoridad estatal investigó y avaló los nombres de los beneficiarios?, ¿ser morenista te da derecho a recibir ese beneficio que debería corresponder a los productores? No se cumplió la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con justa razón, líderes de Dzitbalchén, como José Arsenio Cauich Ortiz y Marcos Chan, exigieron que la Auditoría Superior de la Federación investigue al Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, transparente la aplicación de este programa y deslinde responsabilidades. Proporcionaron pruebas de la corrupción en la entrega de insumos agrícolas, donde habría triangulación de depósitos de dinero a empresas.
¿Habrá respuesta afirmativa?, ¿ya estarán cotejando la documentación aportada por los productores con los comprobantes de Desarrollo Agropecuario?, ¿cuánto tardarán en emitir veredicto o informe? El eslogan de no robar, no mentir y no traicionar del cuatroteísmo ha sido cumplido en sentido contrario.
Pero no es el único frente abierto por denuncias de abusos y engaños en la distribución del fertilizante, pues campesinos de Vicente Guerrero (Iturbide), Hopelchén, también se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir que la entrega sea gratuita, y advirtieron de medidas extremas si son ignorados.
Les prometieron fertilizantes gratis, y ahora no les cumplen. Vaya polvorín sobre el que está sentado el Gobierno de Layda Sansores San Román. Los campesinos están cansados de tanta burla, desdén y mentiras. Las protestas seguramente van a continuar, ojalá no se le salgan de control a este sordo Gobierno.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com